La empresa del detenido por la estafa de las criptomonedas admite en el juzgado impagos a sus trabajadores desde diciembre

La sociedad matriz APP de Transporte Urbana, propietaria de Nexxyo Labs y perteneciente al pamplonés Daniel Valdés Araiz, que entró hace diez días en prisión provisional por una estafa con los fondos de inversión en criptomonedas, atravesaba problemas económicos desde hace meses y de hecho había contraído una deuda con la Hacienda Foral que ascendía a 420.000 euros.

Ahora, una vez que decenas de afectados han denunciado a Valdés por estafa ante la Policía Nacional, y que el Juzgado de Instrucción 4 de la capital navarra se ha hecho cargo de una investigación que se presume larga y compleja, la sociedad debe afrontar otros frentes abiertos como el del ámbito laboral, donde decenas de demandas laborales se acumulan en los Juzgados de lo Social de Pamplona por parte de trabajadores que no consiguieron en su momento la extinción de sus contratos y a los que adeuda nóminas de varios meses, así como pagas extra. Por su parte, la estafa en el fondo de inversión Índice está cifrada por ahora en 7,7 millones de euros y suma hasta 264 afectados y los investigadores entienden que con el dinero de los inversores Valdés trataba de rescatar la solvencia de APP de Transporte Urbano, así como efectuar pagos personales, como cuotas hipotecarias e incluso recibos de la luz. Según la Policía, los denunciantes alcanzan ya más de medio centenar de inversores, que se localizan en varias ciudades de España y que la mayoría cuenta con vínculos en la Comunidad Foral.

Seis nóminas impagadas

Los juicios contra la sociedad se van a ir sucediendo en los próximos meses. Por ahora, en una sentencia conocida recientemente la empresa ya ha reconocido que arrastra impagos desde diciembre de 2023. Así, el Juzgado de lo Social número 3 le ha condenado a APP de Transporte Urbano S.L. por los incumplimientos graves de la empresa y al pago de importantes cantidades por la extinción del contrato y por los salarios adeudados hasta un total de unos 14.000 euros a uno de sus trabajadores. Este, según la resolución, prestó sus servicios profesionales para la empresa demandada desde finales del año 2022 con un contrato indefinido a tiempo completo. La sociedad, en su comparecencia en el juicio, se allanó a la acción de extinción del contrato que ejercía el antiguo empleado demandante, así como también aceptó los términos de las indemnizaciones que se reclamaban por los salarios que se debían desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2024.