La Federación Navarra de Caza (FNC) continúa mostrando al Gobierno foral cómo otras regiones y hasta países enteros toman en consideración al sector cinegético a la hora de llevar a cabo las políticas más importantes en torno al medioambiente. Después de haberle trasladado tanto la estructura como las amplias competencias que la Federación Nacional de Cazadores de Francia asume en su labor de gestión de todas las especies de animales silvestres (no solo las cinegéticas), ahora le enseña el ejemplo de los cazadores de Andalucía, que esta semana participaron en la Comisión del Parlamento de esa comunidad que se encarga de elaborar el Proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para el próximo año 2025.
En concreto, la Federación Andaluza de caza (FAC) llevó a esa comisión propuestas como bonificaciones fiscales a los cotos que colaboren en el Observatorio Cinegético, o bonificaciones sociales para la contratación de guardas. Los miembros de la entidad autonómica de cazadores solicitaron en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz que la Junta de Andalucía aplique bonificaciones fiscales sobre las tasas de matrícula a aquellos cotos de caza que realicen mejoras de hábitats, tales como la instalación de puntos de suplementación de agua y alimento, que facilitan la conservación de la fauna, especialmente durante el verano.
El presidente del organismo andaluz, José María Mancheño, compareció en la citada comisión, a la que llevó una batería de medidas dirigidas a potenciar, facilitar y fidelizar el acceso a la caza, así como a fomentar el conocimiento y la investigación científica aplicada a la caza. En relación con este último objetivo, la FAC también propuso la bonificación temporal total en el importe de tasas de matrícula de coto, prevista en la Ley de Tasas de Andalucía, para aquellos cotos de caza que se adscriban al Observatorio Cinegético de la Fundación Artemisan, así como a cualquier proyecto científico de seguimiento y monitorización de fauna silvestre liderado por una universidad o la administración ambiental andaluza.
La serie de propuestas llevadas al Parlamento andaluz por parte de los cazadores de esa región se completó con la petición de la puesta en marcha de bonificaciones fiscales a cotos de caza que establezcan convenios de colaboración con la Junta de Andalucía para la conservación, fomento y/o reintroducción de especies recogidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.
Según los últimos estudios realizados sobre la repercusión económica y social de la caza en Andalucía, contenidos en el Informe Socio-Económico de la Caza en España elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan, la caza contribuye al PIB andaluz con un total de 1.712 millones de euros, al tiempo que genera 49.000 puestos de trabajo directos e indirectos al año en esa comunidad autónoma.
Ante estos datos, que se complementan con un retorno fiscal generado por la actividad cinegética de 162 millones de euros al año, la FAC propone a la Junta de Andalucía el establecimiento de ayudas directas por creación y mantenimiento de empleo de guarda de caza y que esta medida se recoja en los programas del Gobierno regional destinados a incentivar la contratación por empresas y entidades empleadoras.
“La caza tiene una relevante importancia social, económica y medioambiental en Andalucía, siendo vertebradora de nuestra sociedad y fuente generadora de riqueza y empleo, sobre todo, en las zonas rurales”, señaló Mancheño en la comisión, antes de añadir que “teniendo en cuenta que, en las estrategias de desarrollo del medio rural, se apuesta por el uso de los recursos disponibles, el papel del aprovechamiento cinegético no se puede obviar en ningún caso”. “Por eso -apuntó-, hemos presentado esta batería de propuestas sensatas, argumentadas, con rigor y cuya puesta en marcha significaría un fuerte respaldo de la Junta de Andalucía a los más de 200.000 cazadores andaluces”.
