Steilas responsabiliza a Gimeno de la sentencia que dicte el Supremo sobre las plazas PAI

Steilas, sindicato que interpuso el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la Ley PAI aprobada en 2022 y que el Alto Tribunal ha admitido al considerar que puede haber "indicios de inconstitucionalidad", ha afirmado que los "únicos responsables" de la sentencia que dicte el TS son el consejero de Educación, Carlos Gimeno, la directora general de Personal e Infraestructuras, Begoña Unzué y, por extensión, el Gobierno de Navarra. La norma permite crear puestos de trabajo con perfil de lengua extranjera y, en este tiempo, se han creado 352 plazas: 141 en 2023 y 211 en una OPE celebrada este verano. "Pusieron en marcha un proceso que adolecía de seguridad jurídica y ahora, sin saber cuáles pueden ser las consecuencias, responsabilizan a Steilas", han denunciado.

"Nuestro objetivo no es desfuncionarizar a nadie. Nuestro objetivo era y es paralizar la Ley del PAI. Una norma que fue redactada para funcionarizar y contratar profesorado con la exigencia de un perfil de lengua extranjera (cuando las lenguas extranjeras no son oficiales) y crear dos tipos de profesorado con iguales funciones pero derechos laborales diferentes: no obtener nuevas especialidades, no poder concursar a otro tipo de plazas, imposibilidad de moverse a otras comunidades...", han explicado los representantes de Steilas, que han añadido que "sin este recurso, el Gobierno de Navarra dañaría aún más la educación pública tanto en euskera como en castellano".

A su juicio, los responsables de todos los perjuicios ocasionados tanto al profesorado estabilizado PAI como al que no tuvo la oportunidad de participar en los procesos de estabilización y al alumnado al que no benefician estos programas "son Carlos Gimeno, la directora general de Personal, Begoña Unzué y por extensión el Gobierno de Navarra". Por ello, les exigen que solucionen la situación a la que han abocado a todas las personas. "Con sus decisiones pusieron en marcha un proceso que adolecía de seguridad jurídica y ahora, sin saber cuáles pueden ser las consecuencias de dicho recurso, tratan de exculparse responsabilizando de la situación al sindicato Steilas", afirman,

Y lanzan varias preguntas ante la petición de una plataforma compuesta por unos 150 maestros y maestras afectados que han pedido al sindicato que retire el recurso. "Acaso deberíamos callarnos y convertirnos en cómplices ante una flagrante vulneración de la legalidad? ¿Quedarnos inmóviles a favor de quienes no tuvieron ninguna posibilidad de estabilizarse? Callarnos ante un artefacto jurídico para imponer una política contra la educación en euskera?", se preguntan.

Un poco de historia

El sindicato Steilas ha aprovechado para hacer un poco de historia sobre la implantación en Navarra de los programas de aprendizaje en lenguas extranjeras. Todo comenzó en 2011 con el consejero Carlos Pérez-Nievas, que "intentó extender los programas British que había en seis centros a toda Navarra pero el British Council no lo autorizó." Comenzaron entonces los programas TIL; que luego pasaron a ser PAI, y que están actualmente presentes en prácticamente todos los colegios públicos de castellano y algunos de modelo D.

A juicio de este sindicato, la única conclusión del informe de evaluación que se ha realizado de este programa es que "empeora el aprendizaje del alumnado de incorporación tardía y bajo nivel socioeconómico". Además, con la figura de cotutora "se sustituyeron más de 700 puestos de trabajo de especialistas de Infantl y Primaria por maestras con perfil C1 de inglés y se eliminaron más de 300 puestos de trabajo de especialistas de lengua inglesa, que no fueron sustituidos, perdiendo esos apoyos".

Ante esta situación, y al no poder legalmente sacar plazas con requisito de lengua extranjera, Educación intento cubrir plazas de perfil de Inglés "con diferentes artimañas".

"Como la normativa estatal impide sacar OPE en las que sea requisito tener el título de C1 de inglés, Educación intentó que cada autonomía tuviese potestad de decidir en cada convocatoria si exigía o no esa titulación. "La ministra Celáa llevó a mesa sectorial del Estado la modificación del real decreto de ingreso y los sindicatos lo rechazaron. También en Navarra LAB; Steilas, CCOO, ELA y UGT nos manifestamos en contra de ese cambio", han recordado.

Al no poder cambiar la norma estatal, Educación decidió redactar una ley foral para funcionarizar y contratar profesorado con la exigencia de un perfil de lengua extranjera y se crearon así dos tipos de profesorado con iguales funciones pero derechos laborales diferentes. "La ley fue tramitada rápido para evitar negociar con sindicatos y no abordar el problema e la interinidad en su totalidad. De hecho hizo una convocatoria extraordinaria de estabilización de la que más del 80% de las plazas a estabilizan eran PAI", han denunciado para asegurar que "no se ha conseguido reducir la interinidad en los porcentajes a los que obliga la ley y estamos ante un gran fraude".

Steilas asegura que "los partidos que votaron en contra de la Ley PAI pudieron suprimir las plazas de inglés cuando se discutió en el Parlamento pero no lo hicieron" y añade que el Gobierno de navarra, "sabiendo que la ley podía ser inconstitucional", llegó a un acuerdo con el de España para que no recurriese ante el Constitucional.

Este sindicato, sin embargo, decidió recurrir la Ley del PAI en verano de 2022 ante el TSJN, que falló en su contra, y entonces acudió al Supremo que ha admitido ahora el recurso al considerar que pueden haber indicios d inconstitucionalidad.