Representantes de la Unión de Trabajadores de Salones de Juego (UTSAJU) calculan que el proyecto de Decreto Foral de desarrollo de la Ley Foral de Juego, de aprobarse en sus actuales términos, provocaría el despido de unos cien trabajadores del sector en Navarra a largo plazo.

El portavoz de UTSAJU, Carlos Sola, quien compareció ayer en una sesión de trabajo del Parlamento foral junto a Olga Lucía Reyes y Jorge Páez, explicó que hay 56 salones de juego en Navarra en los que trabajan unas 300 personas. Señaló que en el proyecto de decreto se establece el horario general de cierre para las salas de bingo a las 3:00 horas y para salones de juego a las 0:30 y esto puede derivar “ en la pérdida de unos cien puestos de trabajo de gente muy vulnerable y de diferentes nacionalidades”. En ese sentido, puso de relieve que un 80% de los trabajadores de salones de juego son inmigrantes y un 70% son mujeres, y que, de producirse, los despidos serían por causas objetivas.

Sola, quien consideró que este horario provocará también que aumente el juego online, que es “un gran problema”, pidió a los parlamentarios que “le den una vuelta de tuerca a lo de los horarios” y que no haya “una doble vara de medir”.

Respecto a la supuesta vinculación de los salones de juego con hechos violentos, afirmó que se abren muy pocos expedientes por este motivo. “Hay mucha más violencia en la calle que en los salones”, declaró.

El portavoz pidió por ello “que se actúe sobre los salones que están incumpliendo leyes, no sobre los que están haciendo el trabajo correctamente”.

La mayoría de parlamentarios de la cámara mostraron su solidaridad con las personas que pueden perder su trabajo y aunque están de acuerdo en que “el tiempo de juego debe ser limitado por el bien de las personas y posibles adicciones”, han resaltado “el problema que surge con esa limitación en cuanto a la situación de los trabajadores y trabajadoras del sector”.

El parlamentario de Vox Emilio Jiménez mostró su “perplejidad” por el contenido del proyecto de decreto y ha subrayado que les preocupa los posibles perjuicios para los trabajadores.Por su parte, la socialista Inma Jurío, quien recordó que aún no está publicado el decreto definitivo, indicó la necesidad de aunar la seguridad jurídica con la protección de los sectores más vulnerables que se pueden ver afectados por el juego.