Representantes de la asociación Salhaketa Nafarroa, que han presentado en comisión parlamentaria el estudio 'Mapeo de la Realidad Penitenciaria de Navarra', han denunciado este martes la existencia de "torturas y malos tratos" en la cárcel de Pamplona.
Libertad Francés, miembro de este colectivo, ha señalado que esta denuncia se basa en relatos de las propias personas presas, porque "obtener pruebas es muy difícil" y por ello no hay denuncias al respecto. Pero "porque no haya una denuncia no tenemos que cerrar los ojos", ha declarado.
Su compañera Leire Pueyo ha expuesto algunos datos relativos a la cárcel de Pamplona, que en diciembre de 2024 albergaba a 414 personas (unas 480 en este mes de abril), de las que el 94,4% son hombres.
La mayoría son personas en segundo grado (74,4%) y en tercer grado están el 17,19% de los internos. Los motivos del ingreso son fundamentalmente delitos contra el patrimonio y contra la salud pública.
Pueyo, quien ha destacado que hay otras 246 personas originarias de Navarra cumpliendo condena fuera de la Comunidad Foral (eran 184 en 2020), ha informado de que, de los 13 módulos de la prisión de Pamplona, en este momento están abiertos 6, con lo que hay muchos espacios "disponibles y vacíos".
En el informe se refleja que los presos se quejan de deficiencias en alimentación e higiene, que la cárcel no es accesible para personas con movilidad reducida y que se encuentra en la periferia de la ciudad, pero no hay un transporte urbano regular.
Por su parte, Andoni Burguete ha relatado que en Salhaketa han recibido quejas de presos por maltrato, torturas y privaciones, relativas a "contenciones mecánicas, cacheos humillantes, malas formas en el trato diario y palizas".
Ha indicado que, tras el traspaso al Gobierno de Navarra de la competencia en sanidad penitenciaria, la atención a la salud mental y adicciones ha mejorado en general. Las atenciones han ido en aumento hasta las 289 de enero a agosto de 2024, más que en todo 2023.
Desde la apertura de la cárcel en 2012, ha agregado, se han producido 10 fallecimientos de presos por motivos cardiovasculares, drogas, suicidios y causas sin determinar.
Francés ha expuesto algunas recomendaciones de Salhaketa a las instituciones públicas, como la asunción de la competencia penitenciaria por el Gobierno de Navarra, lo que "permitiría subsanar muchas de las dificultades" expuestas en el informe.
También apuestan por facilitar el traslado de presos de Navarra que están en otros centros penitenciarios y por implementar recursos para mejorar la atención en sanidad, servicios sociales y educación penitenciaria, aspectos que son ya competencia del Gobierno foral.
La parlamentaria Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha afirmado, sobre el aumento de población penitenciaria en Pamplona, que también se debe a que actualmente "se va cada vez a más condenas de prisión", al ser éste "un estado de derecho muy punitivo". Ha abogado por la asunción de la competencia de política penitenciaria, que mejoraría de "una forma bastante importante" la situación de las personas presas.
Por EH Bildu, Irati Jiménez ha incidido en la perspectiva de género y ha considerado que en ese sentido "la propia Administración debería adoptar medidas correctoras". Jiménez ha defendido asimismo "que todas las personas con arraigo en Nafarroa puedan cumplir condena en prisiones de su entorno".
Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha agradecido el informe sobre "un sector de la población que está olvidado por la mayoría de la sociedad" y ha destacado que el documento "es riguroso y aporta realidad a una perspectiva que está muy invisibilizada".
La parlamentaria de UPN, Marta Álvarez, ha mostrado, "desde la discrepancia ideológica", el "gran respeto" que tienen por esta asociación, que vela por los derechos de las personas presas. Ha dicho que "en absoluto" están de acuerdo con que Navarra asuma la competencia en política penitenciaria y ha subrayado que en el País Vasco ha servido para que "etarras accedan al tercer grado antes de tiempo".
Álvarez ha declarado que las torturas y malos tratos, en un estado de derecho, hay que probarlos más allá del testimonio de los presos y ha señalado a Salhaketa que, "si hay alguna cuestión, hay que perseguirla".
Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha opinado que, aunque haya carencias, la asunción de la competencia en sanidad penitenciaria por parte del Gobierno de Navarra "fue un acierto", si bien hay aspectos a mejorar.
