Un total de 123 entidades locales navarras se han adherido ya al proceso de investigación técnica impulsado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) para esclarecer si determinados bienes comunales fueron inmatriculados por la Iglesia Católica de forma indebida. Esta labor se está llevando a cabo en colaboración con el Gobierno de Navarra y parte del listado de 2.952 propiedades que, según los registros, la Iglesia inscribió a su nombre desde el año 1946 gracias a una reforma hipotecaria que permitía la inmatriculación mediante certificación eclesiástica.
El presidente de la FNMC y alcalde de Tafalla, Xabier Alcuaz, ha explicado este martes en rueda de prensa que esta actuación responde a la preocupación de numerosos municipios por la posible pérdida de bienes de uso y titularidad comunal, como campos, montes, caminos o edificios, y supone un paso más en la defensa del patrimonio local. “Estamos ante una tarea de reparación histórica y jurídica que requiere tiempo, documentación y voluntad política”, ha señalado.
La investigación se enmarca en un convenio firmado a finales de 2024 entre la FNMC y el Gobierno foral, que incluye una dotación presupuestaria de 50.000 euros. El acuerdo limita su aplicación a las entidades locales que soliciten expresamente su participación y prevé la recopilación de documentación histórica, registral y catastral para acreditar la condición comunal de los bienes investigados. Esta labor se desarrolla con el asesoramiento de personal técnico y jurídico especializado, y localidad por localidad.
El trabajo ya ha comenzado en el municipio de Aoiz, donde se han analizado siete bienes, y continuará en el concejo de Arrieta. Posteriormente se extenderá a otras localidades adheridas. Para determinar el orden de intervención se han aplicado criterios objetivos: la existencia de bienes geolocalizados e inventariados, archivos documentales accesibles y un mayor número de bienes detectados en el listado elaborado por el Ejecutivo foral.
Aunque el convenio tiene como fecha límite el 30 de junio de 2025, desde la Federación ya se ha solicitado su prórroga para poder dar respuesta a todas las entidades interesadas. “Nuestra intención es mantener esta línea de trabajo abierta mientras haya ayuntamientos o concejos dispuestos a defender sus derechos”, ha afirmado Alcuaz. Ha recordado también que las entidades locales que no se hayan sumado aún pueden hacerlo mientras siga en vigor el convenio.
El presidente de la FNMC ha reiterado que, por el momento, no se están manteniendo contactos con el Arzobispado de Pamplona y Tudela, ya que los esfuerzos están centrados en el análisis técnico de cada caso. Tampoco ha ofrecido datos preliminares sobre las conclusiones obtenidas hasta ahora, pero ha asegurado que serán comunicadas públicamente una vez se disponga de una base sólida.
Alcuaz ha insistido en que la defensa del comunal no es solo una cuestión legal, sino también de memoria colectiva y de justicia social. “El patrimonio comunal está protegido por la legislación foral como un bien inalienable, imprescriptible e inembargable. Nos corresponde preservarlo para las generaciones presentes y futuras”, ha recalcado.
