La Fiscalía y la acusación particular que ejercen las promotoras del proyecto de Aroztegia en Baztan han mantenido su petición de condena contra los siete encausados, para los que reclaman 34 meses de prisión por los delitos de coacciones y de grupo criminal, al entender que hicieron uso de la fuerza y la violencia para sabotear las obras de inicio de un proyecto que contempla 228 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo. Las defensas, sin embargo, reclaman la absolución pues entienden que las acusaciones "están criminalizando un movimiento social" y para ello "están haciendo uso del código postal, y no del Código Penal".
Las defensas, que ejercen los abogados Josu Beaumont y Leire Martin, han cuestionado en primer lugar la forma en la que se imputa el delito a sus patrocinados Como declaró el primer día del juicio el instructor del atestado de la Guardia Civil se les investigaba porque "habían participado o habían sido identificados en tres ocasiones cerca de las obras" en los días en los que se produjeron altercados y sabotajes".
El ejemplo de las protestas de los agricultores
Sin embargo, "no se imputan acusaciones concretas, identificar a una persona en una rotonda el día que hay un incidente o participar en la acampada no puede ser un delito, es como si el formar parte de una plataforma vecinal te hiciera dominador de los hechos que vayan ocurriendo. En los diversos juicios y condenas que ha habido por las protestas de los agricultores nadie se ha planteado que se les pudiera acusar por grupo criminal, porque no lo eran, pero se les imputaba a personas concretas hechos delictivos concretos, cosa que aquí no ocurre", denuncia el abogado Beaumont, que añade: "Al contrario de lo que alegan las acusaciones, aquí no había actos organizados, lo que había era una desorganización porque el rechazo en el valle era masivo, pero cada uno lo manifestaba o expresaba como podía, pero nunca de una manera organizada". Además, cuestionó que "las obras no eran legales" cuando se intervino en los primeros días en las obras, y se sentaron delante de la maquinaria o se impidió el trabajo de los maquinistas. "El pliego de adjudicación no era legal, había sido anulado, y eso nunca se ha corregido"
Añade que dicha motivación solo puede ser impuesta desde el punto de vista de que las promotoras del proyecto requieren de una sentencia condenatoria en la que se impute hechos graves para a partir de ahí reclamar a los acusados la responsabilidad patrimonial por no llevarse a cabo el proyecto, una responsabilidad en vía administrativa que alcanzaría los 43 millones de euros y que en primer lugar se proyectaría contra los Gobiernos foral y central, por no haber dotado de medidas de seguridad a la obra. Dicha reclamación puede volverse en contra de los acusados en caso de una condena, lo que supondría "la muerte civil" de cualquier persona. De hecho, la acusación particular no exige ningún tipo de responsabilidad civil en el juicio que acaba de terminar.
