Los navarros y navarras tienen claras las prioridades que debe seguir el Gobierno de Navarra en la lucha contra el cambio climático. La Administración debe moderar el consumo y el gasto energético, además de impulsar “políticas de decrecimiento”; tiene que estar mucho más encima de la renaturalización de espacios, de la planificación agraria, del desbroce de los montes, del control de las macrogranjas, del diseño de las tramas urbanas, de la reforestación y de la concienciación; y tiene que aplicar una fiscalidad ambiental efectiva, que procure recursos suficientes para permitir una política climática seria y sostenida.
Son las principales conclusiones que ha dejado la asamblea navarra del cambio climático, una iniciativa del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente que ha celebrado este año sus once sesiones y que a finales de junio concluyó sus trabajos. Ahora mismo, la Oficina de Cambio Climático de Navarra elabora el informe final para valorar cómo ha sido la experiencia, muy novedosa en cuanto al formato de la participación ciudadana y cuyas deliberaciones tienen la vocación de convertirse en propuestas para el Parlamento de Navarra y la Administración foral. A falta del informe final de valoración, la asamblea votó en su última reunión las prioridades, que son las que aquí se desarrollan.
Experiencia nueva
Desde antes del arranque de las reuniones -en febrero de este año-, el Departamento tenía claro que quería poner en marcha un sistema de participación distinto, en el que la sociedad estuviera verdaderamente involucrada y cuyos debates llegaran de forma efectiva a la Administración. La experiencia ha sido muy satisfactoria y el Gobierno la ha utilizado también para testar una fórmula que podría extrapolarse a otros departamentos. La asamblea emana de la Ley de Cambio Climático aprobada durante la pasada legislatura, una de las prioridades de la entonces consejera Itziar Gómez. El consejero Josemari Aierdi tomó el testigo y ha sido ahora cuando se ha materializado. La ley preveía la constitución de una asamblea compuesta por ciudadanos y expertos y con tiempo y medios para planificar y debatir.
El cuerpo de la asamblea son los 30 ciudadanos seleccionados durante un proceso al que optaron alrededor de 560 personas. La elección final respondió a una serie de criterios -edad, formación, procedencia...- para intentar que la asamblea fuera una muestra válida de la sociedad navarra.
Los asambleístas seleccionados recibieron formación específica a cargo de un grupo de expertos -entre ellos Rafa Aldai, Abel del Rey, Teresa Ferrer, Uxua López Flamarique, Pablo Muñoz Trigo, Julen Rekondo, Clara Viejo Blanjard o Íñigo Virto- y después abordaron varios debates a lo largo de once sesiones. Se habló de todo: planificación territorial, agricultura y ganadería, consumo, movilidad, energía y su producción, responsabilidad empresarial, salud, educación, migración, agua, incendios, ecosistemas... y en la última sesión, a mediados de junio, se realizó una votación que fijó quince prioridades.
Todos los debates se sintetizaron en 106 propuestas. El último día, los asambleístas presentes votaron mediante la herramienta Mentimeter, que permite ver el resultado de las votaciones en tiempo real de manera anónima. La votación contempló cuatro posibilidades: asignar un 0, lo que significa que esa propuesta hay que descartarla; o puntuar con 1, 2 o 3, que significa apoyo total a la medida. Los asambleístas estaban advertidos de que las votaciones debían emitirse de acuerdo a criterios de posibilidad real de llevarse a cabo, viabilidad económica y técnica, competencias reales de Navarra, resultados y relevancia estratégica. También, y aunque durante los debates se lanzaron propuestas para el ámbito empresarial y asociativo, el grueso de las propuestas está dirigido a la administración pública.
El “decrecimiento”
Solo una medida obtuvo ocho propuestas de descarte: una relativa al uso de la tierra y la propiedad, quizá un aspecto que escape a la potestad real del Gobierno. Otras iniciativas menos populares fueron la posibilidad de establecer galardones anuales que premien actitudes de mitigación del cambio climático, el reconocimiento de la figura del refugiado climático, la intensificación de los controles laborales o la creación de cuerpos de voluntarios ante desastres naturales. La asamblea eligió quince prioridades, que son las que se recogen en la página de la izquierda. Resulta muy significativo que la primera, con mucha diferencia, tenga que ver con la reducción del consumo, la ejemplaridad pública y las “políticas de decrecimiento”. La idea del decrecimiento está muy presente en los foros sobre lucha contra el cambio climático desde hace mucho tiempo, pero no salta a la política. En el sistema capitalista en el que vivimos, hay a quien le genera mucho rechazo la idea de decrecer por las consecuencias económicas y sociales que puede acarrear. Por eso resulta significativo que la asamblea la sitúe como la prioridad, síntoma de que la idea está muy presente entre las personas más concienciadas con la necesidad de la lucha contra el cambio climático.
El decrecimiento implica un cambio de paradigma que, a juicio de la asamblea, tiene que contar con el compromiso de la Administración, que debe dar ejemplo y ser “coherente”. La asamblea, en este punto, propone darle una vuelta al reciclaje, con un “tirón de orejas” incluido: hay que diferenciar la recogida selectiva del reciclaje, hay que establecer un “mayor control y transparencia” en el proceso y hay que involucrar a más actores. Y luego, por supuesto, hay que consumir menos. Los asambleístas hablan de fomentar una industria de la reutilización, de aprovechar al máximo la vida útil de productos, y de consumir menos energía. La primera, la administración. No solo en la bajada del consumo de aire acondicionado -con el mapeado de los refugios climáticos y con la creación de más, si fuera necesario-, sino en la exigencia de cláusulas climáticas en las licitaciones públicas y en los eventos, da igual el tamaño. Ahora la Oficina de Cambio Climático debe elaborar el informe final. Y serán las administraciones las que decidan si las aplican o no.
