Crece la polémica por el fallo en las pulseras telemáticas que llevan los maltratadores

¿Cuántos maltratadores han quedado en la calle por el fallo de las pulseras telemáticas? Esta es la pregunta que cabe hacerse y a la que nadie ha respondido, un día después de que se desvelara un error en el sistema de seguimiento que llevan los maltratadores para evitar que se acerquen a sus víctimas por un problema en la migración de los datos a los nuevos dispositivos. Mientras la ministra de Igualdad, Ana Redondo, resta importancia y limita el impacto de este agujero en el sistema de protección de las mujeres frente a sus depredadores a un 1% de los casos, grupos feministas piden responsabilidades.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres exige que la protección de las víctimas no dependa del “precio más barato” en contratos públicos. “Queremos insistir en la conveniencia de que elementos como estos dispositivos telemáticos, que garantizan la seguridad de miles de víctimas de maltrato, no estuviesen sujetos exclusivamente para su contratación al criterio del precio más barato, ya que hay otros elementos relativos a la calidad técnica que deben ser considerados”, asegura la organización. Por su parte, la Asociación de Mujeres Juristas Themis defiende que “no es razonable” la pérdida de datos de las pulseras telemáticas e indica que “deberían haberse custodiado de forma adecuada”. El PP, para sorpresa de nadie, pide la cabeza de Redondo.

Estas son algunas de las reacciones después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertase este miércoles de que se han producido absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, mientras el Ministerio de Igualdad defendió que “se solucionó”. En este sentido, la Fiscalía advierte en su Memoria correspondiente al 2024 de “múltiples fallos” detectados con estos dispositivos telemáticos, así como con el prestador del servicio. En una nota publicada este miércoles a la tarde, la Fiscalía ha matizado esas afirmaciones y remarcó que “las víctimas estuvieron protegidas en todo momento, porque los dispositivos funcionaron”. Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del sistema de seguimiento con una empresa privada, encargada de realizar la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos. Estas tareas son desarrolladas por el Centro Cometa, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por su parte, la ministra Redondo admitió que se detectaron “algunas incidencias técnicas” cuando se produjo un cambio de contrato. “Había dos empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente”, explicó en declaraciones a medios en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, la Fiscalía avisa que por parte de Cometa se remiten incidencias cuando han sido los propios usuarios los que han dado aviso de fallos en los aparatos y que los equipos son sustituidos “con cierto retraso”. Además, indica que se le comunicó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género “para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas”. La titular de la cartera de Igualdad explicó que, desde su departamento, se reunieron con las trabajadoras y con las empresas implicadas y resolvieron las “cuestiones”. Así, indicó que hay que decirle a las mujeres que “el sistema funciona, funciona mejor, están a salvo y que denuncien porque efectivamente el sistema las protege”. “Y simplemente eso, es un tema pasado de noviembre, diciembre de 2024. Se resolvió y ahora afortunadamente el sistema funciona y funciona mucho mejor que antes”, concluyó.