Las desavenencias entre el consejero de Educación, Carlos Gimeno, y el equipo dimisionario del Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra ( CREENA ) no cesan. Después de las duras declaraciones de Gimeno en sede parlamentaria que acusó a los anteriores responsables del CREENA a entidades sociales de crear un “bulo” sobre la privatización de la atención a la diversidad, que él niega, el equipo dimisionario ha ofrecido hoy una “réplica técnica” para contribuir a un debate riguroso sobre el alcance e implicaciones que el convenio firmado con la Fundación Alegría para la atención del alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) tiene en el modelo de atención al a diversidad.
A juicio de estos profesionales, uno de los principales problemas del convenio es que permite la entrada de personal externo en las aulas y dependencias de los centros educativos. “Supone una quiebra del modelo de atención a la diversidad desarrollado en Navarra, basado en la centralidad del centro educativo, en la responsabilidad del profesorado y en el papel complementario y subsidiario de los servicios públicos de apoyo”, critican. Y es que, en su opinión, la intervención directa de personal ajeno al sistema, aunque se defina como temporal, “condiciona la planificación educativa, altera la dinámica de aula y afecta directamente a la autonomía pedagógica y organizativa de los centros”.
Asesoramiento pero no intervención directa
Al hilo de esta cuestión, el equipo dimisionario del CREENA quiere dejar constancia que creen “firmemente” en la colaboración con asociaciones y fundaciones que trabajan en el ámbito de la diversidad. A su juicio se trata de una “oportunidad muy valiosa” para avanzar en formación, investigación, intercambio de experiencias y mejorara de prácticas educativas.
Sin embargo, para estos profesionales esta cooperación “debe articularse desde marcos técnicos claros, orientados al asesoramiento, la coordinación y el trabajo en red, y no desde la intervención directa en las aulas ni desde órganos con capacidad decisoria sobre funciones públicas”.
Este es el núcleo del debate que consideran “imprescindible” abordar: cómo garantizar que cualquier colaboración externa refuerce el sistema público sin sustituirlo, sin fragmentarlo y sin menoscabar la autonomía de los centros educativos”. Este es el marco desde el que, en su opinión, hay que seguir avanzando para realizar una atención a la diversidad “coherente, equitativa y de calidad para todo el alumnado”.
"Una entidad privada podría condicionar decisiones estratégicas en ámbitos que corresponde al sistema público"
El segundo elemento que no comparten del convenio es el diseño y alcance de la comisión técnica. El texto establece una comisión paritaria, integrada por tres representantes del Departamento de Educación y tres de la Fundación Alegría, con una presidencia rotatoria entre ambas partes que conlleva voto de calidad, explican.
Un diseño que, en opinión de estos profesionales, “plantea un problema relevante” ya que “no se trata de una comisión meramente consultiva” sino de “un órgano con capacidad de propuesta, definición de criterios y seguimiento de actuaciones que inciden directamente en la atención educativa”. Así, en los periodos en los que la presidencia recaiga en la Fundación, el voto de calidad “permite que una entidad privada condicione decisiones estratégicas en ámbitos que corresponden al sistema público.
En este sentido, remarcan que, entre las funciones atribuidas a esta Comisión, se incluyen la elaboración de líneas de actuación y criterios de atención educativa del Programa de Atención Educativa del CREENA, así como el seguimiento del funcionamiento de los profesionales que lo integran.
“Desde un análisis técnico riguroso, esto supone una alteración del marco competencial, al atribuir a un órgano paritario con participación privada funciones que afectan a la organización técnica y a la toma de decisiones propias de un servicio público. Esto es lo que está firmado y en vigor”, concluyen.
Por último, el equipo dimisionario del CREENA quiere aclarar que el hecho de que no se haya constituido la comisión técnica ni haya entrado personal de la fundación a los centros “no obedece a una inercia administrativa o a una decisión del Departamento sino a una posición técnica expresada por la dirección de CREENA”.
Hasta en dos ocasiones,una con la anterior directora del servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia y otra con el actual director del servicio, el exdirector manifestó que “no se podía convocar mientras no se revisara el contenido del convenio al considerar que su redacción vigente planteaba problemas técnicos de fondo”.
"Esta negativa se sustentó exclusivamente en la responsabilidad profesional de no activar un marco que, tal y como estaba formulado, comprometía la coherencia del modelo de atención a la diversidad y la autonomía de los centros educativos", han destacado.
