La organización Incluye y el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra han elaborado un pionero estudio que concluye que, pese a la existencia de un marco normativo sólido, el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad intelectual sigue siendo desigual, debido a barreras como el uso de un lenguaje jurídico complejo, la falta de apoyos comunicativos generalizados y la escasa flexibilidad de los procedimientos.
El informe, titulado Informe sobre el Derecho de Acceso a la Justicia en Personas con Discapacidad Intelectual, analiza tanto los obstáculos existentes como las buenas prácticas que se están desarrollando, además de proponer medidas concretas para garantizar este derecho en igualdad de condiciones. Entre las principales dificultades detectadas, el estudio señala el uso de un lenguaje jurídico poco accesible, la falta de figuras de apoyo como el facilitador procesal o materiales en lectura fácil, las dificultades para asegurar una participación activa de las personas con discapacidad intelectual y la formación desigual de los profesionales implicados en el ámbito judicial.
El trabajo destaca que las personas con discapacidad intelectual valoran de forma especialmente positiva los apoyos comunicativos, el acompañamiento de personas de confianza y la figura del facilitador procesal, al considerar que estos recursos mejoran de manera significativa su comprensión, seguridad y participación en los procesos judiciales. El estudio ha contado con la participación de diversos grupos de interés, entre ellos personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, familiares, operadores jurídicos, profesionales de la abogacía, cuerpos de seguridad y entidades del ámbito de la discapacidad, lo que ha permitido recoger una visión amplia del funcionamiento del sistema judicial desde diferentes perspectivas. – Diario de Noticias
