Un año más nos reunimos para denunciar y exigir justicia por los hechos ocurridos en la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014. Han pasado doce años desde que alrededor de 90 personas intentaron alcanzar a nado la costa de Ceuta, perseguidas por una patrullera marroquí. Al aproximarse a la playa, agentes de la Guardia Civil impidieron su llegada en un claro ejercicio de racismo institucional, utilizando material antidisturbios contra quienes ejercían su legítimo derecho a migrar.

Según los datos aportados por la Secretaría de Estado, se dispararon aproximadamente 150 balas de goma y cinco botes de humo. Como consecuencia de esta actuación murieron 14 personas y 23 fueron devueltas de manera inmediata a Marruecos sin ningún tipo de procedimiento. Hoy pronunciamos sus nombres para que no caigan en el olvido: Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blaise y un compañero cuyo nombre aún desconocemos.

Estos hechos nunca fueron reparados. Lejos de ello, supusieron un aviso de lo que representan las políticas migratorias que sostienen el modelo de desarrollo europeo y se convirtieron en la justificación de tantas otras madrugadas de violencia institucional y muerte en los espacios fronterizos, donde los derechos humanos permanecen deliberadamente en suspenso.

Pese a esta violencia y a la continua vulneración de derechos fundamentales, las familias de las personas asesinadas y desaparecidas por estas necropolíticas siguen organizándose a ambos lados de las fronteras para reclamar verdad, justicia y reparación. Así lo hicieron también las familias de las víctimas del Tarajal, con una dignidad que el Estado español intentó arrebatarles mediante el archivo sistemático de la causa.

Hoy es imprescindible señalar el papel de la justicia española en este proceso de negación. La justicia forma parte de esta estrategia de control y muerte, como demuestra el tercer archivo dictado por la Audiencia Provincial de Cádiz el 27 de julio, en el que se afirmaba que los guardias civiles investigados no cometieron delito alguno, absolviéndolos sin juicio. Diversas organizaciones presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que en 2022 resolvió que dicho recurso no era procedente, dando por cerrada definitivamente la investigación y dejando sin responsabilidades a los agentes implicados.

Son ya doce años de injusticia, impotencia y vergüenza. Doce años que se suman a más de tres décadas de muertes sin rostro, sepulturas sin nombre, víctimas sin justicia y fronteras sin derechos. No dejaremos de exigir que se investigue y se condene a los agentes e instituciones responsables, que se reconozca y repare esta memoria colectiva atravesada por la necropolítica, para que las familias puedan, algún día, encontrar paz y consuelo.

No permitiremos que caigan en el olvido los nombres de quienes fueron asesinados en el Tarajal, ni en Melilla, ni los de tantas personas que han muerto bajo custodia del Estado, en centros de internamiento, comisarías, centros de menores, en las fronteras o durante el tránsito hacia esta Europa fortaleza. Señalamos a las instituciones que, directa o indirectamente, son responsables de estas muertes.

Seguimos exigiendo la derogación de la Ley de Extranjería, cuyas reformas no son más que parches al servicio de un sistema que perpetúa categorías de no ciudadanía y que se apueste por más regularizaciones extraordinarias. Denunciamos el “Pacto Europeo de Migraciones y Asilo”, incompatible con los derechos humanos que provocará que tragedias como la del Tarajal y la Masacre de Melilla sigan repitiéndose.Reclamamos el cierre de los centros de internamiento —CIE, CATE, CETI—, porque, aunque cambien las siglas, siguen siendo espacios de vulneración de derechos que nunca debieron existir.

Esta Europa nos avergüenza: una Europa fortaleza que levanta muros y vallas para separar, que expolia y se enriquece con los recursos del sur global mientras impide el paso de las personas a las que ha despojado. Una Europa hipócrita que externaliza sus fronteras financiando a terceros para que custodien sus muros.

Frente a sus políticas de muerte, hacemos memoria, defendemos la vida y exigimos derechos.