De 810 a 1.621 euros al mes: estos son los requisitos para cobrar la renta garantizada en Navarra

Más de 35.000 personas en Navarra se benefician actualmente de la Renta Garantizada, una prestación destinada a asegurar ingresos mínimos a familias y personas en situación de vulnerabilidad. El programa supone un gasto anual superior a los 100 millones de euros para la Comunidad Foral y se consolida como uno de los pilares del sistema navarro de protección social.

La Renta Garantizada de Navarra es una ayuda económica periódica dirigida a quienes carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Se trata de una prestación complementaria: la cuantía final que percibe cada unidad familiar es la diferencia entre el umbral fijado por ley y los ingresos que ya tenga reconocidos.

Cuantías de la Renta Garantizada en Navarra en 2026

Las cantidades máximas mensuales establecidas para 2026 varían en función del número de miembros de la unidad familiar:

• Una persona: 810,83 euros
• Dos personas: 1.094,6 euros
• Tres personas: 1.297,3 euros
• Cuatro personas: 1.418,9 euros
• Cinco personas: 1.540,5 euros
• Seis o más personas: 1.621,6 euros

Estas cuantías se abonan en 12 mensualidades y pueden verse reducidas si existen otros ingresos en la unidad familiar.

Requisitos para cobrar la Renta Garantizada en Navarra

Para acceder a la prestación es necesario cumplir una serie de condiciones reguladas por la normativa foral.

La persona solicitante debe ser mayor de 18 años o menor emancipado. En el caso de jóvenes de entre 18 y 24 años sin menores a cargo, se exige acreditar vida independiente durante al menos dos años antes de la solicitud. Es imprescindible acreditar residencia efectiva y continuada en Navarra durante al menos dos años antes de solicitar la ayuda. Este plazo puede reducirse a un año en casos en los que haya menores, personas dependientes o con discapacidad igual o superior al 65% en la unidad familiar.

La unidad familiar debe demostrar que sus ingresos son inferiores a las cuantías establecidas para su tamaño. Además, es obligatorio haber solicitado previamente cualquier otra prestación, pensión o subsidio a la que se tenga derecho. La Renta Garantizada lleva asociada la participación en itinerarios de inclusión social y laboral cuando así lo determinen los servicios sociales.

Documentación y trámites necesarios

La solicitud debe presentarse a través del Servicio Social de Base correspondiente al domicilio de la persona interesada. Entre la documentación habitual requerida se encuentra:

• DNI o NIE de todos los miembros de la unidad familiar
• Libro de familia
• Certificado o volante de empadronamiento
• Justificantes de ingresos y patrimonio
• Número de cuenta bancaria

Los servicios sociales municipales analizan cada caso y determinan la cuantía que corresponde.

Un coste presupuestario superior a los 100 millones de euros

La Renta Garantizada representa uno de los principales instrumentos contra la pobreza en la Comunidad Foral. En los últimos ejercicios, el gasto anual ha superado los 100 millones de euros, con previsiones al alza debido al incremento de beneficiarios y a la actualización de cuantías.

Dentro de un presupuesto autonómico que ronda los 6.000 millones de euros, esta prestación ocupa un papel destacado en el área de derechos sociales, evidenciando el compromiso de Navarra con la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reiterado en diversas intervenciones públicas la voluntad del Ejecutivo foral de vincular cada vez más la Renta Garantizada al empleo y a la activación laboral. El objetivo, según ha defendido, es que la prestación no sea únicamente un mecanismo asistencial, sino también una palanca efectiva para la inserción en el mercado de trabajo.

Chivite ha subrayado que el modelo navarro debe avanzar hacia una fórmula que combine protección social y oportunidades laborales, reforzando los itinerarios personalizados de empleo y la coordinación con el Servicio Navarro de Empleo. La intención es que quienes reciben la ayuda puedan mejorar su empleabilidad y reducir progresivamente su dependencia de la prestación, consolidando así un sistema que garantice ingresos mínimos pero que también incentive la incorporación al mercado laboral