Las restricciones y retornos forzosos de personas refugiadas reduce el número de solicitudes de asilo en Navarra

El número de personas desplazadas ha descendido por primera vez después de una década. De acuerdo por los datos ofrecidos por ACNUR, hay un total de 11,5 millones de personas fuera de su territorio de origen, de los cuales 42,5 millones son refugiados. Estas cifras suponen un 5% menos que el año anterior. Sin embargo, la bajada no responde a que el mundo sea más seguro, sino a que cada vez es más difícil escapar de él. Y a pesar de que en Navarra las solicitudes de protección internacional apenas se han movido este año, la organización avisa de que la Comunidad Foral no va a librarse de la ola de políticas restrictivas que ya golpean al Estado y al resto de la Unión Europea.

En ese sentido, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR Navarra) denunciaron esta mañana que el incremento de las políticas hostiles de externalización de fronteras y retornos forzosos ha provocado el primer descenso en una década del número de personas desplazadas a nivel global. La reducción, insiste la organización, no implica menos necesidades de protección, que siguen creciendo por los conflictos, la crisis climática, la violencia y las vulneraciones de derechos en todo el mundo. “En Navarra todavía no se ha visto afectada como territorio”, explicó Juan Ruiz Ardila, coordinador territorial de CEAR, “pero esta tendencia a la baja la vamos a terminar padeciendo también aquí”.

En 2025 se registraron en la Comunidad Foral un total de 1.415 solicitudes de protección internacional, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior. No existen datos desagregados de resoluciones para el territorio foral, pero CEAR extrapola que seguirá la tendencia estatal: predominio de resoluciones desfavorables (42,5%), un alto peso de autorizaciones por razones humanitarias (36,8%) y una tasa de concesión de protección internacional muy baja. La organización lo resume así: en Navarra, como en el resto del país, las posibilidades de obtener protección siguen siendo muy reducidas, y persiste la brecha entre las necesidades reales y el acceso efectivo a derechos. Los primeros meses de 2026 confirman esa continuidad, con volúmenes de solicitudes contenidos o a la baja y sin mejoras significativas en el reconocimiento.

Por otro lado, los delitos de odio aumentaron un 23,6% en el Estado y, en concreto, en Navarra, el Servicio de Atención Frente al Racismo y la Xenofobia registró 265 casos. CEAR advierte de que las dificultades no terminan con la llegada: persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos como la vivienda, el empadronamiento o las prestaciones sociales, muchos de ellos competencia autonómica. “Navarra tiene capacidad de situarse del lado de las soluciones, garantizando derechos y fortaleciendo una sociedad más justa y cohesionada”, sostuvo Ruiz Ardila. “Necesitamos compromisos firmes que garanticen derechos y frenen esta escalada del odio”, añadió la organización.

Descenso en las solicitudes de asilo

A nivel estatal, 2025 cerró con un descenso del 13,7% en las solicitudes de asilo, frenando la tendencia ascendente de los últimos años. CEAR atribuye la caída "al refuerzo de los controles migratorios y al efecto disuasorio de la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada en mayo de 2025, que impide computar el tiempo de espera durante la tramitación del asilo para acceder a los distintos tipos de arraigo". La tasa de reconocimiento de protección internacional, mientras tanto, ha caído hasta el 11%, situando al Estado español entre los países con menor nivel de protección de la Unión Europea: "Es el tercero por la cola en reconocimiento, aunque el tercero en número de solicitantes".

A ese escenario se suma el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio, que introduce conceptos como el de país de origen seguro —que permite automatizar las resoluciones de protección— o el de tercer país seguro, que habilita deportar a personas cuya solicitud ha sido denegada a países como Turquía, Egipto, Túnez, Bangladesh, India o Colombia, sin que sea necesario que exista ningún vínculo previo con esos territorios. CEAR alerta además sobre el Reglamento de Retorno, previsiblemente aprobado en los próximos días, que contempla detenciones de hasta 24 meses y centros de deportación en terceros países, con primeras medidas que entrarían en vigor en octubre.

Venezuela pierde una de sus principales vías de protección

Venezuela, Mali y Colombia encabezan las nacionalidades solicitantes de protección internacional tanto en España como en Navarra. El dato más reciente, sin embargo, complica el panorama para el colectivo venezolano: desde este mes de junio, el Estado ha cambiado de criterio y ha dejado de conceder las razones humanitarias a las personas procedentes de Venezuela, una de las principales protecciones que el país les venía otorgando.

Por su parte, el número de solicitudes de protección internacional pendientes de resolución supera ya las 260.000 a nivel estatal. Parte de ese descenso en las cifras de asilo, señaló Ruiz Ardila, responde a que muchas personas que llevaban años esperando respuesta han optado por la regularización extraordinaria en vigor desde enero. CEAR, entidad colaboradora en el proceso, seguirá asesorando hasta el 30 de junio. El principal obstáculo continúa siendo la obtención de documentación en origen: en países como Argelia, Cuba o Gambia resulta prácticamente imposible conseguir antecedentes penales o un pasaporte, lo que ha disparado además los casos de desinformación y de personas que terminan pagando a intermediarios para tramitar algo que debería ser gratuito.