Cuando tenía 8 meses Samuel apuntaba a un bebé vivaracho que se lo comía todo por los ojos. Pero la vida le esperaba con un revés y Samuel no es el mismo desde que a su madre Ángela la dejaron en la calle con su criatura, con la puerta en las narices, sin un documento, ni dinero ni enseres, y tuvieron que vagar de aquí para allá, en pensiones, en alojamientos provisionales de amigas, en el salón del piso compartido de su hermana en Barcelona... “El niño ha sufrido mucho esa situación. Dejó de comer, tuvo muchas diarreas y problemas de alimentación y habla. Ahora, con 32 meses, tiene retraso en el lenguaje. Sin embargo, de bebé, ya chapurreaba palabras y se estancó de repente. Lo relaciono todo con el hecho de quedarnos sin nada en la calle. No podía creer que alguien fuera tan mala persona, incluso para tirar las cosas de mi hijo. Aún hoy le tengo miedo y temo que pueda hacernos daño. Es alguien sin corazón. Pero si no hubiera tenido al bebé, no hubiera llegado hasta aquí porque fue él quien me hizo seguir adelante con el juicio. Esto no le puede volver a pasar a ninguna otra familia. No puedo describir con palabras cómo fue vernos en la calle de un día para otro”, recuerda ahora Ángela entre lágrimas.

Ángela Mercedes Muñoz, ahora de 41 años, llegó a Barcelona en marzo de 2017 después de huir de Colombia junto a sus padres, hermanos y su otro hijo, que es ahora mayor de edad. Estaban amenazados por una banda criminal que perseguía a su hermana pequeña. Llegó como refugiada y fueron solicitantes de asilo, pero al estar repleto el cupo, se les propuso venir a Pamplona en enero de 2018. El desembarco fue difícil, llegaron en plena nevada invernal, por lo que no fue fácil adaptarse. Ángela trabajaba en recursos humanos en un salón de eventos en su país natal. Desde que salió de allí, en Navarra se ha formado en el ámbito sociosanitario, en hostelería, en almacenes... pero no le ha sido fácil encontrar trabajo, cuidar al niño y salir adelante.

Pagó dos fianzas

Accedió al piso de Pamplona en marzo de 2019, pagó dos fianzas y el mes de alquiler y recuerda que se encontró el domicilio “en estado deplorable. Tuve que cambiar la cerradura y por eso sé perfectamente que nadie más tenía llave para entrar y solo pudo entrar la dueña con ayuda de un cerrajero. Cuando llegué al piso tenía 663 euros de ayuda y solo la renta y los consumos me costaban 550 euros. Mi hijo mayor decidió volverse entonces a Colombia y le comenté a la casera si había algún problema en que realquilara una habitación a una amiga. Lo hice durante 9 meses, pero ya me quedé embarazada (prefiere no hablar de ello) y el piso se me quedó muy pequeño con el bebé. A partir de marzo tuve varios problemas con la caldera de gas para el agua caliente y con la estufa, la casera me mandó a un técnico, pero aquello no se arregló. Ella me ofreció entonces ir a vivir a otro local comercial que tenía, que carecía de cédula de habitabilidad. Allí no podía vivir con un bebé y jamás me hubiera podido empadronar, lo que para mí es básico. Era una ilegalidad, pero no le sentó bien que me negara. A partir de entonces quiso que me fuera cuanto antes, pero le pedí que me dejara buscar otro piso antes y que le seguiría pagando. Así lo hice, pero no era fácil encontrar otro piso”. Fue en junio de 2021, cuando tenía cita con una inmobiliaria de Estella, ciudad donde reside ahora con su niño, cuando la casera entró en su piso aprovechando su ausencia. 

“Ella me mandó por la noche un audio de whatsapp para decirme que me iba a traer un recibo para que le firmara y le dije que no podía ser, que no estaba en casa y que estaba buscando piso. Fue al volver de Estella al día siguiente cuando descubrí que me había cambiado la cerradura. Un vecino me dijo que ella había estado la víspera tirando cosas. Ahí empecé a llorar y aun no puedo describir cómo fue aquello. Me quedé en la calle, sin nada, fue como empezar de cero. Una amiga que me acompañaba me pagó una pensión y me dejó dinero para pañales. Mientras, la casera no me cogía el teléfono, la Policía no me daba una solución y solo querían que denunciara en el juzgado.... Y denuncié. Me había quedado sin nada. A la semana, a través de la trabajadora social, la casera me empezó a devolver parte de la documentación. Se ensañó conmigo e incluso se empadronó en ese piso y nos quitó a mi hijo y a mí de allí, por lo que tuvimos problemas para acceder a las ayudas. Fueron 4 meses horrorosos hasta que hemos encontrado algo para quedarnos en Estella. Pero esto no se lo deseo a nadie, ni a ella misma. La impotencia fue brutal. Al menos me alegra que los jueces me crean. Me siento en paz porque así veo que los propietarios no pueden hacer lo que les dé la gana. Tienen que cumplir la ley. Y eso es un precedente para gente que tiene muchos pisos como esta casera y que no respeta los derechos”.