Dos familias de Pamplona lograr reiniciar sus vidas tras cancelar 158.000 euros en deudas con la Ley de Segunda Oportunidad

Dos familias de Pamplona han conseguido dejar atrás una carga financiera que las asfixiaba: en los últimos meses se ha cancelado íntegramente una deuda cercana a 130.000 euros en un caso y, en otro, se han exonerado 28.000 euros y reestructurado 7.000 más en un plan de pagos aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. Para ambas, la resolución judicial no es solo una cifra; supone dormir con tranquilidad, recuperar rutinas básicas y mirar al futuro con la serenidad de quien vuelve a empezar.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una salida a particulares y autónomos que no pueden afrontar sus obligaciones. Pueden acogerse quienes residan en España, cuenten con más de un acreedor, actúen de buena fe y no hayan sido condenados recientemente por determinados delitos económicos ni solicitado este mecanismo en los últimos cinco años.

El camino arranca con un estudio de viabilidad y continúa con la tramitación concursal ante el juzgado. A partir de la admisión a trámite, se alivia la presión inmediata: pueden suspenderse embargos y frenarse los intereses, mientras se trabaja en la solución final, ya sea la exoneración del pasivo insatisfecho o un plan de pagos ajustado a la capacidad real del deudor.

En estos dos expedientes, ambas familias han sido defendidas por Ézaro Legal, firma legaltech especializada en insolvencia personal y protección del consumidor. El despacho ha coordinado la estrategia jurídica desde el análisis inicial hasta la resolución, con un acompañamiento cercano y trámites 100% online para simplificar cada fase.

“Lo más importante no son las cifras, sino lo que significan para quienes estaban al límite”, explica David Muñoz, CEO de Ézaro Legal. “La Ley de Segunda Oportunidad bien aplicada permite preservar lo esencial —el techo, el trabajo— y ofrecer un itinerario claro para salir de la deuda. Nuestro enfoque combina rigor jurídico y trato humano para que el proceso sea comprensible y asumible en cada etapa”.

La reforma de 2022 ha reforzado, además, la protección de los bienes esenciales cuando resulta razonable y se cumplen los requisitos legales. En la práctica, los jueces pueden autorizar que la familia conserve su vivienda habitual si el coste es proporcionado a sus ingresos y el inmueble no es suntuoso, y permitir que se mantenga el vehículo cuando es necesario para trabajar o para cubrir necesidades básicas. Integrar estas decisiones en planes de pago realistas evita desarraigos y facilita que las personas sigan generando ingresos para estabilizar su vida cotidiana. “En nuestra experiencia, cuando se acredita la necesidad y la proporcionalidad, los juzgados están abiertos a soluciones que protegen lo esencial sin perjudicar a los acreedores”, añade Muñoz.

La normativa exige un examen pormenorizado de la situación económica del deudor, su historial de pagos y su conducta de buena fe. Ézaro Legal articula esa evaluación mediante un estudio de viabilidad sin coste, que determina si conviene solicitar la exoneración directa o plantear un plan de pagos supervisado judicialmente. “Cada caso es distinto: a veces lo responsable es pedir la exoneración total y, otras, estructurar un plan que la familia puede cumplir sin renunciar a lo imprescindible. La clave es no llegar tarde y asesorarse desde el principio”, subraya David Muñoz.