Condenada una administrativa de Osasunbidea por acceder más de 1.300 veces a expedientes clínicos de su hija y tres nietos

LaSección Segunda de laAudiencia Provincial de Navarra ha condenado a una auxiliar administrativa del centro de salud de Alsasua a una pena total de 8 años de prisión por acceder de forma ilegal más de 1.300 veces a las historias clínicas de su hija y de sus tres nietos menores de edad, con los que tenía una orden de incomunicación.

Los hechos probados detallan una invasión sistemática de la privacidad que se prolongó durante tres años, entre mayo de 2021 y mayo de 2024. Según la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la condenada utilizó el programa informático de la Administración para consultar expedientes médicos sin ninguna justificación asistencial, pese a que sus familiares pertenecían a una zona básica de salud distinta.

La sentencia destaca la multitud de conductas desarrolladas por la acusada, quien llegó a entrar 677 ocasiones en el historial de su hija, que trabaja como enfermera. Además, realizó 263, 275 y 114 accesos a los expedientes de sus tres nietos, de 5, 3 y 2 años de edad.

La gravedad de los hechos aumenta al comprobarse que la administrativa no solo visualizaba las citas, sino que imprimió resúmenes de historias clínicas y partes de baja para conocer detalles íntimos como diagnósticos y motivos de incapacidad laboral. En el caso de su nieta menor, los accesos comenzaron apenas nació, permitiéndole conocer datos del embarazo y el parto que su hija intentaba preservar debido a una relación familiar rota y una orden judicial de incomunicación vigente desde marzo de 2023.

El caso salió a la luz cuando una tercera persona reveló datos confidenciales que solo figuraban en el expediente médico de la denunciante, relacionados con una baja por ansiedad.

Absoluta vulnerabilidad

La víctima relató ante el tribunal la sensación de absoluta vulnerabilidad que sintió al conocer la magnitud de los accesos ilegales llevados a cabo. El impacto fue tal que llegó a solicitar a sus médicos y al pediatra que no registraran información sensible en el sistema informático, ante la imposibilidad técnica de Osasunbidea de bloquear los accesos de la administrativa.

Aunque la defensa alegó un trastorno disociativo, la Sala determinó que sus facultades solo estaban afectadas de modo leve por una falta de control de impulsos. El tribunal considera que la acusada actuó conforme a una planificación para mantener un rol de control sobre su hija. “No cabe duda de que la relación parental ha tenido incidencia en los delitos cometidos, por cuanto es ese afán de control sobre su hija y sus nietos lo que ha movido la actuación realizada”, recoge la sentencia.

Además de los 8 años de cárcel –2 años por cada uno de los cuatro delitos de revelación de secretos cometido por funcionario público– la condenada deberá indemnizar a las cuatro víctimas y se le impone una prohibición de aproximarse a menos de 200 metros o comunicarse con ellas durante 5 años por cada delito. Asimismo, se le imponen 7 años de inhabilitación absoluta por cada uno de los cuatro delitos.

La Audiencia Provincial entiende que en los hechos concurre la agravante mixta de parentesco y las circunstancias atenuantes simples de reparación del daño y anomalía o alteración psíquica leve. En este sentido, la Sala ha determinado que solo sus facultades volitivas se vieron afectadas por un trastorno de control de impulsos que, sin embargo, “mantendría preservadas las capacidades intelectivas”.