La Comisión Europea ha iniciado este jueves sendos expedientes sancionadores contra Hungría y Polonia por promover leyes que violan los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ, el primero por la controvertida norma que prohíbe hablar de sexualidad en las escuelas y el segundo por decretar "zonas sin ideología LGTB".

El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento que detalla las razones de la preocupación de Bruselas a las autoridades nacionales y les da un plazo de dos meses para enmendar la situación.

Los expedientes sancionadores prevén una segunda etapa de diálogo si no se resuelve el conflicto en esta primera fase y, en última instancia, el Ejecutivo comunitario podría elevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya tildó de "vergüenza" la reforma promovida por el Gobierno húngaro de Viktor Orban porque bajo el paraguas de una reforma contra los delitos de pederastia incluyó medidas para impedir que los menores tengan acceso a información sobre el colectivo LGTBIQ.

"Europa no tolerará nunca que miembros de nuestra sociedad sean estigmatizadas ya sea por la persona a las que aman, por su edad, por su origen étnico, sus opiniones políticas o sus convicciones religiosas", expresó Von der Leyen, quien anunció tras la tramitación de la norma húngara que emplearía todo el arsenal legal de su Ejecutivo para frenar esa ley.

En el caso de Polonia, Bruselas ha intentado en varios contactos convencer a las autoridades nacionales de que actuaran contra la decisión de varios municipios de declarar en 2019 que su territorio eran "zonas sin ideología LGTBI".

Los servicios comunitarios consideran insuficientes las explicaciones recibidas de parte de Varsovia, que ha ignorado algunas de las peticiones de Bruselas, y ven en la declaración de estas zonas un caso de discriminación por razón de orientación sexual, además de lamentar la falta de cooperación del Gobierno polaco.

También este jueves, la Comisión Europea ha avisado a Polonia de que sus autoridades y tribunales están obligados por los Tratados de la UE a cumplir las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la UE, incluido el auto dictado el miércoles por la corte europea obligando a Varsovia a suspender cautelarmente el régimen disciplinario que impone a los jueces del Supremo.

En un pronunciamiento posterior, el Tribunal Constitucional polaco declaró incompatible con la Constitución del país el auto de la Justicia europea, algo que ha alertado a Bruselas.

"La Comisión Europea está profundamente preocupada (...). El Derecho de la UE prima sobre el Derecho nacional y todas las decisiones del TUE son vinculantes para las autoridades de los Estados miembro y sus tribunales nacionales", ha indicado un portavoz comunitario, que ha subrayado que Bruselas espera que Polonia actúe para garantizar que se cumplen las sentencias del Tribunal europeo.