El Supremo cierra de forma definitiva el recurso sobre el IVA de Volkswagen

Un final esperado, después de que el PP anunciase la retirada del recurso en vísperas electorales, pero que no deja de ser especialmente relevante para la economía de Navarra que llevaba desde 2011 con la amenaza de tener que enfrentarse al pago de esta cantidad que habría hecho temblar los pilares de la economía foral.

Una incertidumbre que se ha prolongado más de lo previsto ya que, aunque la causa llevaba en suspenso más de un año, el anterior Gobierno de UPN y el Estatal del PP dejaron sin firmar el acta de la comisión coordinadora que ponía fin al conflicto, lo que hizo que la resolución final se haya demorado más de lo previsto.

En el decreto emitido a principios de este mes por el Supremo, se da por terminado el recurso contencioso administrativo al asumir los argumentos esgrimidos por el abogado del Estado en su escrito de diciembre de 2015. Este apunta que en aplicación de lo recogido en el Convenio entre el Estado y la Comunidad se solicita el archivo de la causa por haberse producido la extinción del conflicto y la desaparición sobrevenida de su objeto.

Esta nueva situación abre el camino a Navarra para negociar con el Estado otras cuestiones, especialmente la reforma del Convenio Económico que debe fijar las relaciones económicas entre Navarra y el Estado para los años 2015-2019. Es el verdadero reto que tiene la Comunidad Foral, que durante los años de la crisis y pese a la caída de la recaudación ha visto cómo ha ido aumentando la aportación al Estado. De hecho, la revisión de los componentes que integran el cálculo de la aportación y la actualización los ajustes fiscales a la nueva realidad económica, vitales para la estabilidad económica de la comunidad, ya se han visto retrasadas por la complejidad del conflicto por el IVA de Volkswagen, que prácticamente monopolizó toda la relación bilateral entre Navarra y Estado durante la pasada legislatura.

el conflicto institucional La polémica se remonta a 2011, cuando una inspección de la Agencia tributaria a Volkswagen en Barcelona desveló, según el Estado, un opaco proceder en la aplicación del IVA muy beneficioso para la Comunidad Foral. Ante la falta de un acuerdo compensatorio el Estado decidió recurrir a los tribunales para reclamar 1.513 millones de euros, poniendo en riesgo la viabilidad de la Administración Foral.

Finalmente, la tensión política quedó zanjada con un acuerdo de trasfondo electoral anunciado el 21 de enero de 2015. El Estado, que previamente había dejado en suspenso el recurso para facilitar la negociación, retiraría la demanda sin coste alguno para Navarra. El acuerdo debía quedar refrendado en un cambio en la redacción del Convenio Económico que, de acuerdo con el procedimiento previsto para su modificación, debía ser ratificado por los parlamentos foral y estatal, como finalmente ocurrió. La nueva redacción introducía así una disposición adicional que contempla mecanismos para resolver conflictos similares al producido por las exportaciones de Volkswagen sin acudir a la vía contencioso administrativa.

El acuerdo, en cambio, tardó en materializarse, ya que el acta de la comisión coordinadora quedó sin firmar hasta las vísperas de las elecciones manteniendo así el PP la tensión hasta el final de una legislatura marcada por los recursos y los ataques al autogobierno. Solo dos días antes de las generales, el PP puso en marcha la retirada del recurso, que finalmente se ha materializado este mes con el archivo definitivo de la causa por parte del Tribunal Supremo.

1994. Volkswagen dota de autonomía a la factoría de Landaben y comienza a comercializar sus vehículos mediante una filial, Vaesa, con sede en Barcelona. De esta forma, VW paga en Navarra el IVA y Vaesa recibe del Estado la devolución correspondiente a las exportaciones. El mecanismo queda compensado por el flujo fiscal global pactado con el Estado en el Convenio. Durante más de 17 años el sistema funcionó sin que fuera denunciado o cuestionado y estuvo refrendado en cuanto a sus resultados por la Comisión Coordinadora..

2011. Una inspección de la

Agencia Tributaria invalida el sistema y reclama a Navarra el IVA

correspondiente a los ejercicios

no prescritos (2007-2011), y que

cifra en 1.513 millones. La disputa

se deriva a la Junta Arbitral.

2012. Para evitar que el cambio

en VW afecte a Navarra, los gobiernos central y foral pactan un nuevo método de cálculo de sus ajustes fiscales. Este limita el impacto negativo para la Comunidad Foral a 25 millones anuales entre 2012 y 2014. El acuerdo se mantiene prorrogado de manera indefinida hasta que se establezcan los nuevos ajustes del actual quinquenio 2015-2019. UPyD lo lleva ante la AN por considerarlo un “rescate encubierto”.

2014. La Junta Arbitral del

Convenio decide que Navarra tiene razón en su contencioso con

la Agencia Tributaria estatal

sobre los años no prescritos

(2007-2011). El Estado anuncia

un recurso al Supremo. El PP

plantea que Navarra asuma sus

tesis y afronte la devolución de

100 millones, 25 por cada año no

prescrito (2007-2011). Los partidos navarros lo rechazan.

2015. El 23 de enero la AN desestima el recurso de UPyD por entender que el partido político no tiene legitimidad para plantear la demanda. Una semana después el ministro de Hacienda anuncia que el Estado renuncia a reclamar a Navarra los 1.513 millones denunciados ante el Supremo. Lo hace mediante una renovación del Convenio Económico que cierra la vía para la demanda económica, pero deja una nueva redacción ambigua en lo referente a la capacidad de Navarra para definir impuestos propios. El PP puso en marcha la retirada del recurso a dos días de las elecciones de diciembre. Días después, el abogado del Estado envía un escrito pidiendo el archivo de la causa por la “desaparición sobrevenida del objeto”.

2016. En febrero, el Supremo cierra definitivamente la causa.