- Cinco años después de que la ciudadanía mandará a UPN a la oposición, la gestión de los últimos gobiernos regionalistas sigue teniendo un peso excesivo en las cuentas públicas de Navarra. Y así continuará hasta 2045, fecha en la que finalizará la última concesión que firmó mediante el denominado peaje en la sombra, que tiene hipotecado a la Comunidad Foral con compromisos de pago por un importe aproximado de 1.865 millones de euros.

La cifra figura en el informe sobre las cuentas generales de 2019 que la Cámara de Comptos hizo público el pasado 13 de noviembre. El órgano fiscalizador no pasa por alto este dato, que viene lastrando los Presupuestos Generales de Navarra con cerca de 100 millones anuales, que suponen algo más del 2% del total del gasto.

Son tres las infraestructuras que los gobiernos de Miguel Sanz y Yolanda Barcina acordaron acometer a través del peaje en sombra: las autovías del Camino (A-12) y del Pirineo (A-21) y las zonas regables de la primera fase del Canal de Navarra, incluida su ampliación. Tres proyectos por los que ya se han desembolsado 811,5 millones y que terminarán costando unos 2.676 millones, de acuerdo con las estimaciones que maneja Comptos, que cifra en los mencionados 1.865 millones el compromiso que queda pendiente de pago: 1095 millones por la A-12 y la A-21 y 770 por el Canal.

La construcción de estas obras costó 829 millones, a los que hay que sumar los 147 que se calcula que costará la ampliación del Canal. En total, 976 millones. Son 1.700 millones menos de lo que se terminará pagando, lo que da idea de que la fórmula del peaje en la sombra no es la más indicada para los intereses del erario público, por mucho que haya que sumar los gastos de mantenimiento y servicio que corren a cargo de las empresas adjudicatarias.

La primera obra que UPN optó por acometer con este controvertido sistema, mediante el cual la Administración concede a una empresa la explotación de un servicio durante un periodo de tiempo a cambio de que asuma los costes de su construcción y mantenimiento, fue la autovía que enlaza Pamplona con Logroño.

Fue una concesión del Gobierno de Navarra, firmada en 2002, a las tres empresas que constituyeron la sociedad Autovía del Camino SA tras ganar un concurso público: Corporación Caja Navarra (48%), FCC Construcción (40%) y Navarra de Empresas de Construcción (NEC, 12%), que era una UTE en la que estaban las principales constructoras de la Comunidad Foral.

La obra se presupuestó en 300 millones, pero su coste rozó los 389 millones, incluidos los 20 millones que el Gobierno pagó de más por la puesta en servicio de la autovía -en septiembre de 2006- seis meses antes de lo previsto.

La empresa adjudicataria tuvo beneficios desde el primer momento. Alcanzó los 45 millones de ganancias en el periodo 2007-2013, según reveló el informe de Comptos.

El negocio ha sido tan boyante que la propiedad ha cambiado cuatro veces de manos. Desde el 30 de junio de 2017, la explotación de la A-12 es propiedad del fondo de infraestructuras de UBS, que adquirió de Infrastructure Panther 1 B.V. el 100% de sus acciones de Autovía del Camino, que ahora es una sociedad unipersonal.

Al aprobar el expediente de contratación e iniciar la fase de adjudicación, el Gobierno de Navarra previó que el canon entre los años 2007 y 2032 le costaría, en euros constantes, 516 millones, equivalentes a 894 millones en euros corrientes. Una estimación que se ha quedado muy corta. El desembolso público por una obra que costó 389 millones se va a disparar hasta los 1.019 millones, incluidos aquí los gastos de mantenimiento que asume la empresa concesionaria. Un negocio muy gravoso para las arcas públicas. De hecho, si el Gobierno se hubiera decantado por la fórmula clásica de pedir un crédito bancario para construir la A-12, su coste final hubiera rondado los 700 millones.

La causa de que este peaje sea tan gravoso para las arcas públicas reside en el pliego de condiciones y en no haber calculado bien los aforos, ya que la Administración paga un canon anual por todos los vehículos que transitan por la A-12. La realidad es que en 2017 -solo en los diez primeros años de explotación- la empresa adjudicataria había ingresado 427 millones. Son 38 más del coste de su puesta en marcha y le quedaban otros 15 de negocio. En 2019, cobró un canon de 49,4 millones. Este año, sin embargo, facturará menos, ya que la pandemia ha reducido el tráfico.

También están construidos mediante peaje en sombra los últimos 15,8 km que discurren por Navarra de la Autovía del Pirineo. Su coste se elevó a 271 millones y su gestión la asumió en febrero de 2012 una UTE formada por una filial del grupo ACS y las constructoras Mariezcurrena y Elcarte.

La particularidad de este contrato es que la empresa adjudicataria explota los 45 km de la A-21, pero acarrea también con los costes de conservación, que según algunos estudios pueden rondar los tres millones al año.

En los dos primeros años de explotación, la A-21 no fue el gran negocio que esperaban sus promotores, que declararon 600.000 euros de pérdidas. De hecho, presentaron en octubre de 2013 una reclamación al Gobierno foral para el restablecimiento del equilibrio económico, alegando que la no construcción del tramo de autovía a partir de la muga de Navarra repercute negativamente en el tráfico. Como su petición fue desestimada, la concesionaria interpuso un recurso contencioso-administrativo que tampoco ha sido atendido por los tribunales.

En todo caso, la adjudicataria cobrará un canon al Gobierno por todos los vehículos que transiten por esta vía hasta el año 2042. Un periodo de tiempo más que suficiente para rentabilizar la inversión. Ya ha recuperado 127 millones de los 271 invertidos, y Comptos estima que ingresará otros 600 millones hasta alcanzar los 727.

El funcionamiento del peaje en la sombra en las zonas regables del Canal de Navarra es diferente. En este caso, el pago a las empresas que se encargan de las obras y del servicio lo abonan entre el Gobierno (85%) y los regantes (15%). Para fijar el canon, se tienen en cuenta el agua consumida y la calidad del servicio (se penalizan las pérdidas de agua, averías, etc), por los que paga la Administración; y los gastos de explotación y mantenimiento de las instalaciones, que asumen los agricultores.

Aguacanal fue la empresa que puso en marcha la primera fase en 2006 tras una inversión de 169 millones. Sus principales accionistas eran Acciona y Aguas de Barcelona (Agbar), con un 35% del capital cada una. La semana pasada se conoció que Acciona ha vendido su participación en Aguacanal a un fondo extranjero. Una operación, similar a las realizadas en la A-12, que pone de manifiesto el negocio que suponen estas concesiones. De hecho, desde 2013 la empresa adjudicataria ha declarado beneficios.

UPN decidió a finales de 2014, poco antes de perder el Gobierno, recurrir de nuevo al peaje en la sombra para la ampliación de la primera fase de la zona regable del Canal. La operación se cerró en 2015 para otros 30 años, por lo que la decisión compromete gasto público hasta 2045. De este proyecto, que se encuentra en fase muy avanzada, se encarga el consorcio formado por OHL y Agbar. Su coste está previsto en 147 millones. Las dos inversiones ascienden, por lo tanto, a 316 millones.

Hasta el momento, el canon de la primera fase y la ampliación ha costado 159 millones al Gobierno. Comptos calcula que habrá que pagar otros 770 millones (349 por la primera fase y 421 por la ampliación) antes de que dentro de 25 años expiren estos compromisos adquiridos por UPN.

Coste de la obra 389 millones

Pagado por el canon 525 millones

Previsión de pago 494millones

Desembolso total 1.019 millones

630 millones

(*) La empresa concesionaria asumió los costes de construcción de los 72,4 km entre Zizur Mayor y Logroño y también paga los gastos de mantenimiento. Inició la explotación el 1 de enero de 2007. Está previsto que su concesión finalice en 2032.

Coste de la obra 271 millones

Pagado por el canon 127 millones

Previsión de pago 600millones

Desembolso total 727 millones

Diferencia entre el coste de la obra y lo que se pagará

456 millones

(*) La empresa concesionaria asumió los costes de construcción de los 15,8 km de los dos tramos de Liédena hasta la provincia de Huesca y corre con los gastos de mantenimiento de los 45 km que discurren por Navarra, lo que puede suponer un gasto de tres millones al año. Inició la explotación el 1 de febrero de 2012 para un periodo de 30 años, que finaliza el 31 de enero de 2042.

Coste de la obra 169 millones

Pagado por el canon 159 millones

Previsión de pago 770 millones

Desembolso previsto 929 millones

Diferencia entre el coste de la obra y lo que se pagará

613

millones

(*) La empresa concesionaria Aguacanal asumió los costes de construcción de la primera fase de las zonas regables del Canal de Navarra. El contrato se firmó en 2006 y el periodo de explotación inicial es de 30 años, por lo que se extiende hasta 2036. De la ampliación de la primera fase se encarga Aguas de Navarra. Inició las obras en 2015, por lo que su explotación será hasta 2045.

Diferencia entre

el coste de la obra

y lo que se pagará

(Sin sumar la ampliación de la primera fase, que puede costar 147 millones)