Las Comunidades Autónomas financiaron, como media, el 72,9 % de la atención a la dependencia en 2024, con 9.365 millones de euros (13,8 % más que en 2023), mientras que la aportación estatal fue el 27,1 %, con 3.478 millones de euros (el 5,6 % más).

Son datos recogidos por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sobre la inversión pública en Atención a la Dependencia que ascendió a 12.843 millones de euros el pasado año.

Las administraciones autonómicas que menos porcentaje aportaron en dependencia fueron La Rioja (61,4 %), Castilla y León (63,2 %), Andalucía y Galicia (65,1 %).

Las que más aportaron son la CAV (84 %), Navarra (81%) y Baleares (80,6 %). Le siguen, Comunidad valenciana (79,6 %), Cataluña (77,4 %), Cantabria (75,1 %), Canarias (75 %), Extremadura (74,6 %), Asturias (74,2 %), Murcia (73,2 %), Madrid (72,8 %), Castilla-La Mancha (70,1 %) y Aragón (65,5 %).

Cifras que se conocen el mismo día en el que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en segunda vuelta la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad para iniciar la tramitación parlamentaria de esos dos proyectos, que amplían derechos y prestaciones y quieren agilizar los procedimientos.

Según este análisis, realizado con datos de Hacienda y de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, el peso de las comunidades en la financiación cayó un 13 % entre 2020 y 2023, aunque en 2024 recuperaron ese porcentaje.