El president de la Generalitat, Pere Aragonès, exigió ayer al Gobierno español que dé explicaciones inmediatas sobre el espionaje a más de 60 dirigentes independentistas con el programa Pegasus -que solo se vende a estados-, mientras el president en el exilio Carles Puigdemont tachó estos hechos de "GAL digital".
Aragonès es uno de los más de 60 dirigentes independentistas que supuestamente fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, de la empresa israelí NOS Group, según revela una investigación periodística de la revista estadounidense New Yorker, con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab, con sede en Canadá.
El reportaje detalla que más de 60 dispositivos móviles de dirigentes independentistas, entre ellos Aragonès y los expresidents Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, han sido objeto de espionaje por parte de Pegasus, un programa que solo pueden comprar gobiernos estatales y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir crimen y terrorismo; por lo que Aragonès acusa a Moncloa de ser el artífice de estos ciberataques.
Según la publicación, además de Puigdemont, sus más estrechos colaboradores también han sido espiados con este programa, entre ellos su abogado, Gonzalo Boye, así como sus asesores Joan Matamala, Josep Rius, la concejal en Barcelona Elsa Artadi, el eurodiputado Toni Comín, Sergi Miquel, Josep Costa y la esposa del expresident, Marcela Topor. Más allá de representantes de ERC y de Junts, también figuran los nombres de dos políticos vascos; en concreto, de los dirigentes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu.
En un hilo en Twitter redactado en catalán y en inglés, Aragonès asegura que la "masiva" operación de espionaje contra el independentismo catalán es una "vergüenza injustificable", ya que supone un "ataque extremadamente grave" a la democracia y a los derechos fundamentales y es "un ejemplo más" de la "represión contra un movimiento pacífico y cívico".
Aragonès remarca que la información publicada "exige transparencia" y "asunción de responsabilidades" por parte del Gobierno español. "Este programa de espionaje solo puede ser adquirido por los estados. El Gobierno español tiene que dar explicaciones inmediatas y llegar hasta el final. Sin excusas. Espiar a representantes públicos, abogados o activistas de los derechos fundamentales civiles es una línea roja", insiste Aragonès, que garantiza que la Generalitat apoyará a los afectados y evaluará las acciones a tomar.
"Nada ni nadie nos hará dejar de luchar por la amnistía, el referéndum y la independencia", concluye Aragonès.
Por su parte, el expresident Carles Puigdemont, lamentó en Twitter que este caso de espionaje es un "nuevo GAL, versión digital".
"Hemos sido espiados de forma masiva e ilegal a través de un programa que solo pueden tener los estados. Políticos, abogados y activistas, víctimas de la guerra sucia del Estado español para luchar contra una idea legítima", critica Puigdemont.
Por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de Junts, que también figura en la lista, denunció que este caso demuestra que a los independentistas les persiguen "por tierra, mar y aire" desde el Estado. "Nos pegan cuando votamos, nos asedian judicialmente, nos encarcelan y ahora sabemos que también nos espían. Se ve que algunas finalidades justifican todos los medios", expresó.
En la misma línea, el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras denunció que se ha "confirmado" que el movimiento independentista ha sido víctima "del caso de espionaje ilegal más grande del mundo" y prometió que ello "no quedará impune".
También el exconseller Jordi Turull denunció este caso: "Fascismo de Estado, gobierne quien gobierne: así es este Estado".
Por último, la CUP destacó que este caso no tiene "precedentes" en la UE, ya que se trata del "mayor" episodio de "ciberespionaje" que se ha certificado hasta ahora.
