El Parlamento de Navarra aprobó este miércoles una moción de Contigo-Zurekin que insta a consolidar, fortalecer y ampliar la Renta Garantizada (RG), garantizando que llegue a todas las personas que lo necesitan y adecuando las cuantías a las necesidades de los distintos hogares. La iniciativa salió adelante con el voto a favor de Contigo, PSN, EH Bildu y Geroa Bai, y el rechazo de UPN, PP y Vox.
En la moción se respalda la Renta Garantizada como “una de las mejores herramientas de las que dispone la Administración para luchar contra la pobreza y contra la vulnerabilidad social”, por lo que se insta a fortalecer el modelo.
Además, insta al Departamento de Derechos Sociales a desarrollar los incentivos al empleo previstos en la actual ley foral y a desarrollar los protocolos y los mecanismos de colaboración entre los servicios sociales y los servicios de empleo para “hacer efectivo el derecho a una oferta de empleo adecuada que garantiza esta ley foral”.
Por último, insta a reforzar los programas de inclusión de la atención primaria de servicios sociales.
El PSN presentó una enmienda in voce, que no se aprobó al abstenerse EH Bildu, en la que se instaba consolidar el modelo de RG, “estableciendo en su caso las modificaciones legislativas que sean necesarias para mantener la coherencia del sistema de garantía de ingresos que opera en Navarra”.
Alivio pese al ruido
En su defensa de la moción, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, tras denunciar el “continuo ruido que viene rodeando siempre a la RG”, indicó que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) “ha supuesto un alivio innegable al esfuerzo presupuestario foral”. No obstante, considera razonable que el ahorro que puede generar el IMV “no se detraiga del esfuerzo de Navarra en la lucha contra la pobreza y la exclusión”.
La Renta Garantizada, dijo, es una “de las mejores herramientas” de las administraciones públicas para luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad social, por lo que ha rechazado los “constantes discursos que la critican” y que “abogan por su reforma restrictiva”.
La parlamentaria socialista Olga Chueca afirmó que la RG “es una política esencial de protección social” y manifestó que “el sistema funciona, pero hay que mejorar esta prestación”.
Desde EH Bildu, Javier Arza declaró que la Renta Garantizada “protege y alivia la situación de un 6% de nuestra población” y además “nos hace mejor sociedad”. Asimismo, denunció “las críticas” a esta herramienta de la derecha, que tiene el “sueño de un subsidio que no esté garantizado”.
Isabel Aranburu, de Geroa Bai, quiso “desmentir la falsedad de las derechas en torno a la RG”, una herramienta que recoge el derecho de inclusión social.
En el turno en contra, Raquel Garbayo, de UPN, señaló que el actual no es el modelo de RG de su partido, que apuesta por uno “con muchísimo más control y que de verdad incida en el empleo, que es la mejor inserción social”. Ha considerado que el modelo vigente no funciona, porque “cada vez hay más niños en riesgo de exclusión y pobreza”.
Por su parte, Maribel García Malo, del PP, subrayó que en su grupo quieren “verdaderas oportunidades para estas personas” y apostó por una mayor vinculación de la RG con la resinserción laboral.
También rechazó la moción Maite Nosti, de Vox, quien dijo que, “mientras no demuestren que no se va a despilfarrar el dinero y que no se va a perjudicar a una serie de personas que se pudieran haber beneficiado de la renta garantizada, desde luego que votaré en contra”.
Comptos pide más control
La moción se debatió apenas un par de horas después de que la Cámara de Comptos de Navarra volviera a recomentar “un control riguroso del dinero público” destinado a la RG y el IMV, garantizando que las personas beneficiarias de estas prestaciones cumplen los requisitos exigidos por la normativa.
El informe del órgano fiscalizador, publicado recientemente, advertía que de los ocho requisitos establecidos en la ley, se observan incumplimientos en cinco obligaciones de las unidades familiares perceptoras, sin que Comptos haya podido verificar el cumplimiento de las tres restantes.
El Gobierno negó el pasado día 30 que exista “descontrol” en la inspección de la RG y precisó que entre 2019 y 2023 ha emitido propuestas de reintegro “por un total de 14,7 millones de euros, de los cuales se han recuperado 9,9 millones”. El resto, ha dicho, “están en proceso de cobro”.
