BILBAO - La Diputación Permanente del Congreso rechazó ayer la petición de EH Bildu y ERC para que el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, explique el origen de una supuesta “lista negra” de 500 personas, en su mayoría vascas, que tendrían prohibida su entrada a territorio francés y de la que han sabido tras las detención del dirigente de Sortu, Joseba Álvarez, en el marco de la cumbre del G7. Desde la coalición soberanista, su diputada Mertxe Aizpurua aprovechó ayer para criticar el “estado de excepción” que se aplicó en Biarritz con un despliegue policial que duplicaba su población.

queja de amnistía internacional Por su parte, Amnistía Internacional denunció ayer “la represión injustificable” durante la cumbre del G7 por impedimentos contra actos de protesta pacíficos y restricciones a las libertades de reunión y circulación. “Desde que comenzó esta cumbre del G7 en Biarritz estaba claro que las autoridades francesas tenían planeado restringir las libertades de reunión y circulación con la presencia anunciada de más de 13.000 policías para controlar la zona”, destacó en un comunicado Marco Perolini, investigador de la organización sobre Francia.

Para Perolini, “es una triste ironía que las autoridades francesas decidieran que debían reprimir el derecho de la sociedad civil a manifestarse pacíficamente durante estos tres días cuando muchos puntos de la agenda del G7, como la crisis climática y la igualdad de género, están ahí precisamente gracias a la presión ejercida por esa misma sociedad civil”. - D.N.