ras el rápido avance en la adopción de medidas legales en torno a los derechos LGTBQI+, bajo el lema Drop the T se han alentado medidas coercitivas dirigidas a los derechos del colectivo transgénero a partir de 2015. Una de las primeras propuestas de ley fue la adopción de las Bathroom bills, que condicionaban el uso de baños públicos por parte de las personas transgénero en virtud del sexo que se les asignó al nacer. La norma aprobada en Carolina del Norte fue derogada debido a las catastróficas consecuencias económicas que ocasionó.

Similares medidas se han estrellado contra la legislación federal, estatal, las partidas presupuestarias, y las urnas pero el fracaso de las Bathroom bills han dado paso a una nueva ola de proyectos de ley destinados a restringir otra serie de derechos sociales. Legisladores republicanos de 28 estados están considerando 93 proyectos de ley: Esto supone un total de más de 250 proyectos de ley anti-LGBTQI+ bajo consideración en las diversas cámaras legislativas estatales del país, y más de 120 de las mismas se dirigen directamente contra personas transgénero. Según Kate Sosin, reportera de 19th News, en la actualidad se están considerando dos tipos de proyectos de ley.

De un lado, se está impulsando limitar la participación de las personas transgénero en los deportes, particularmente la de las menores de edad que juegan en equipos femeninos. Los menores transgénero llevan participando en equipos deportivos durante mucho tiempo sin que esto haya planteado problema alguno, hasta que en Connecticut Andraya Yearwood y Terry Miller destacaron en competiciones atléticas. Bajo la máscara de defender la equidad en el deporte y apoyar los derechos de la mujer, unido al hecho de que ambas mujeres son afroamericanas trans, el Partido Republicano (también conocido como GOP) ha promovido la actual oleada de proyectos de ley. De las 250 medidas legales que están siendo consideradas en abril de 2021, al menos 66 están encaminadas a prohibir a las menores trans participar en deportes de acuerdo con su identidad de género.

De otro lado, se ha defendido desde posiciones republicanas la necesidad de prevenir que los médicos receten medicamentos que eviten que los jóvenes con disforia de género pasen por la pubertad y puedan tomar una decisión en torno a su sexualidad una vez alcanzada la mayoría de edad.

Según Sosin, todo esto es una respuesta electoral ante la pérdida de votos que ha experimentado el Partido Republicano entre las mujeres blancas de los suburbios desde hace unos años a esta parte.

No obstante, según Aaron Blake, del Washington Post, el esfuerzo de los legisladores estatales republicanos para restringir los derechos de los jóvenes transgénero se ha topado con la oposición de un buen número de gobernadores republicanos. En total, cuatro de los 28 gobernadores republicanos en cuyos estados se han propuesto proyectos de ley de esta naturaleza han vetado estas medidas.

Es el caso de Kristi L. Noem de Dakota del Sur, la primera gobernadora republicana en emitir un veto parcial al proyecto de ley sobre el control de la participación de estudiantes transgénero en deportes de competición. Noem no se mostró en contra del contenido de la propuesta, sino que argumentó que exponían al estado a demandas millonarias e imposibles de ganar.

La mayoría republicana de la Casa de Representantes de Arkansas aprobó la medida legal que prohíbe a los médicos brindar atención sanitaria sobre afirmación de género a menores. El gobernador Asa Hutchinson vetó el proyecto de ley porque en su opinión la prohibición se extralimitaba, si bien aseguró públicamente que apoyaría una medida más moderada sobre cirugía de reasignación de sexo para menores. La aplastante mayoría republicana anuló el veto del gobernador al proyecto de ley 1570 de la cámara y, el martes 6 de abril, Arkansas se convirtió en el primer estado de la república en prohibir los tratamientos médicos para menores transgénero.

El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, vetó asimismo el proyecto de ley sobre la participación de personas trans en competiciones deportivas, alegando que no existe evidencia de que este hecho haya suscitado problema alguno en el estado. La situación en Dakota del Norte es particularmente interesante ya que el Partido Republicano goza de una mayoría de 40 a 7 diputados en el Senado, pero 12 de los 40 senadores republicanos se han opuesto al proyecto de ley, por lo que la cámara no posee los dos tercios necesarios para anular el veto del gobernador.

Doug Ducey, gobernador republicano de Arizona, vetó un proyecto de ley que restringe la capacidad de los maestros para enseñar sobre orientación sexual, identidad de género e historia LGBTQI+ a menos que sus estudiantes obtengan el consentimiento expreso y por escrito de sus padres o tutores. Ducey adujo que el proyecto de ley era demasiado "amplio y vago", y que "podría tener consecuencias graves" en relación con la prevención de casos de abuso infantil. La mayoría republicana de la Cámara del Senado en Arizona no goza del apoyo de los dos tercios necesarios para anular el veto del gobernador.

La gobernadora de Alabama Kay Ivey hizo públicas sus reservas en torno al proyecto de ley sobre la participación de menores transgénero en deportes de competición, pero finalmente acató la decisión de la mayoría de su partido sin interponer un veto. En consecuencia, después de Arkansas, el 23 de abril Alabama se ha convertido en el segundo estado en promulgar una ley de este tipo.

Pero, a pesar de estos pocos contratiempos, la agenda republicana sigue su curso en la mayoría de los estados rojos y hay pocos indicios de que vaya a haber resistencia dentro del partido. Tal es el caso del proyecto de ley 514 de Carolina del Norte, aprobado el lunes 5 de abril, que define el sexo de una persona como "codificado genéticamente en un individuo en el momento de la concepción, y no se puede cambiar", tendente a condicionar la atención médica a jóvenes trans menores de 21 años.

Una de las primeras medidas de Biden en su cargo fue la derogación del decreto de Trump que prohibía a las personas transgénero servir en el ejército. Dentro de los primeros cien días de su mandato, Biden ordenó el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema prohibiendo la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Pero este asunto trasciende al debate sobre derechos humanos. En virtud de un informe de la American Civil Liberties Union, el acceso a los servicios de salud y procedimientos médicos para personas transgénero reduce drásticamente el riesgo de depresión y suicidio entre menores trans. El hecho de que un 14% de los gobernadores republicanos en cuyos estados se han intentado pasar leyes anti-LGTBQI+ hayan vetado estas iniciativas significa dos cosas, de un lado, es obvio que estos proyectos de ley no son ni tan ponderados ni tan ecuánimes como dicen sus proponentes. Por otro lado, sacan a la luz los peores aspectos de la actual política republicana: legislar ruidosamente en contra de un grupo social vulnerable poniendo en riesgo la salud de las personas pertenecientes a este colectivo y los derechos del conjunto de la sociedad como estrategia para atraer el voto del sector femenino más reaccionario, es sumamente reprobable.