El pegamento soberanista

Aunque hasta las defensas de los dirigentes presos de JxCat y ERC diferirán en el argumentario, el juicio del 1-O servirá para coser al independentismo tras sus desencuentros frente a un Estado español política y judicialmente “vengativo”

08.02.2020 | 18:45
Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raül Romeva.

"Me quedé por un sentido de responsabilidad hacia los ciudadanos. Sócrates, Séneca o Cicerón tuvieron la posibilidad de huir y no la aprovecharon. Yo considero que tiene un valor ético". La última descripción sobre su situación de Oriol Junqueras, con un claro destinatario, Carles Puigdemont, no hizo sino evidenciar la sima abierta en el independentismo, y más en pleno clima preelectoral, aunque desde hace ya varios meses la relación entre ERC y JxCat (y entre esta marca posconvergente y su alter ego, el PDeCAT) no atraviesa por su mejor idilio. O lo que es igual, conviven en polos opuestos ante un mismo objetivo: la república catalana. Solo que la divergencia en sus estrategias, incluso de cara al juicio por el referéndum del 1-O, puede dañar el colchón de respaldo soberanista, a la espera de comprobar si las derivaciones de la vista en el Tribunal Supremo servirán como pegamento en el mundo secesionista o, por contra, les distanciarán cara al público y con la maquinaria política y comunicativa del Estado a pleno pulmón.

Desde el 30 de octubre de 2017, día en que fue entrevistado en TV3, los catalanes no oyen al líder republicano; y desde el 2 de noviembre de ese año, cuando se le encarceló tras declarar en la Audiencia Nacional, solo se le ha visto dos veces. Al revés de lo sucedido con el president en el exilio de Waterloo. ERC confía en que el impacto mediático que suscite la declaración de Junqueras en el juicio que arranca el martes neutralice aquella ventaja de Puigdemont en los comicios autonómicos en los que le superó por 12.000 votos. JxCat desplegará a sus cabezas visibles, con Quim Torra al frente, para traducir al lenguaje político las claves del ámbito jurídico. Los abogados de los presos soberanistas, conscientes de que habrá duras sentencias ante un Estado español "política y judicialmente vengativo", tratarán de esquivar una abultada pena pero con estrategias distintas en los escritos de defensa: por un lado, quienes plantean un juicio político perdido a la espera de que Estrasburgo desnude a posteriori a España; y quienes creen que en la batalla jurídica se podrá demostrar que no hubo rebelión, sedición ni malversación. Coinciden en la naturaleza política del proceso y en la vulneración de derechos fundamentales, un J'accuse al Estado. Un juicio contra los derechos de expresión, reunión, autodeterminación que tiene como misión "proteger a toda costa la unidad territorial española" con una acción concertada de los poderes del Estado, con un partido "machista y xenófobo, de ultraderecha", Vox, como acusación popular.

posicionamientos El alegato de Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium, señala a la Fiscalía por "encubrir la tortura y generar impunidad" al no perseguir la conducta de los agentes que golpearon a los ciudadanos el 1-O, única violencia del procés; mientras que Jordi Sànchez, ex máximo dirigente de la ANC, profundiza en que el 20-S trataron de que la protesta en la conselleria de Economía discurriera por "cauces pacíficos". Ambas entidades sociales buscarán acrecentar su liderazgo en las calles. Además, hay planteamientos que convergen por compartir abogado. Es el caso de Jordi Pina, que defenderá a Sànchez y a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, combinando la denuncia del "proceso político" con la batalla jurídica. Andreu van den Eynde patrocina a Raül Romeva y al propio Junqueras bajo el relato de que "los hechos de la acusación no responden a la realidad". En otro punto se encuentra Joaquim Forn, cuyo letrado, Javier Melero, tratará de rechazar la responsabilidad del exconseller de Interior en este caso. También Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, se desmarca al recordar que ella no convocó el 1-O y que la declaración unilateral de independencia (DUI) se votó a petición de los grupos. Lo más curioso es el caso de Santi Vila, defendido por el despacho que lleva a Sànchez, Turull y Rull (Molins&Silva) pero con otros abogados porque en las nueve páginas de su escrito -las del resto son alrededor de 150- aclara que él prefería "acciones de consenso".

Pero incluso en la despedida coral que se hizo a los presos en la cárcel de Brian 2 hubo soterrada lucha de fuerzas entre ERC y JxCat. Puigdemont ya había trasladado su malestar al equipo de Junqueras por esas manifestaciones en el diario Le Figaro fruto de un "contexto de autoafirmación. Tendré paciencia hasta la sentencia", avisó el expresident, que tendrá un papel secundario hasta el final de la vista. Los republicanos dan por hecho que JxCat propondrá una nueva investidura de su líder para enfrentarse al Estado, y si ERC no acepta puede quedar como responsable de un adelanto electoral pendiente también de los Presupuestos que Torra no logra aprobar. Es más, ahí encontrarían el respaldo de la CUP, para quien no investir a Puigdemont es un "acto de desobediencia". Tampoco la convivencia en el Govern es mejor, ya que la posible salida de la portavoz Elsa Artadi para optar a número dos de la Alcaldía de Barcelona mantiene en vilo a las fuerzas soberanistas. En paralelo está la pelea abierta en el panorama posconvergente, donde un sector del PDeCAT se rebela contra los planes de la Crida Nacional de Puigdemont; amén de que la negativa a una lista conjunta en la capital catalana llevó incluso a un debate entre los presos de ERC y JxCat en Lledoners; y de que una disyuntiva parecida acontece en las europeas, donde los herederos de Convergència no resuelven cómo compartir este viaje.

claves de las defensas Las interrogantes recaen sobre un juicio mediatizado por el calendario electoral y que de acabar antes de ir a las urnas no contará con sentencia pública previsiblemente hasta el mes julio. Las declaraciones de los acusados servirán para fijar hechos y avanzar hacia otro estadio. "Habrá que administrar el fallo desde un punto de vista político, y eso debería fijar otro horizonte de reconstrucción", señalan desde la defensa. Las líneas generales en que coinciden los procesados son las siguientes: en primer término, esgrimen una trayectoria de cultura de paz y de cómo incluso los tribunales europeos destacan que no existió violencia, y por lo tanto no cabe la rebelión; los acusados reiteran que la protesta del 20-S fue "legal, pacífica y festiva", denunciando el sesgo ideológico de la secretaria del juzgado de instrucción número 13, que hizo un "relato apocalíptico" de lo ocurrido, sin que se impidiese la actuación de la comitiva judicial; denuncian también la "violencia indiscriminada" de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O, hasta cometiendo "tortura" que encubre la Fiscalía; aducen que el referéndum fue la única "decisión de ejecución unilateral" en todo el proceso soberanista, un "digno ejercicio colectivo de expresión política" que escandalizó por la violencia policial a Europa; los letrados se agarran además a la declaración del exministro Cristóbal Montoro negando que se gastara un euro público para el referéndum, con las finanzas de la Generalitat intervenidas incluso antes del 155; y relatan que la DUI del 27-O quedó primero en suspenso el 10-O por el propio Puigdemont y luego no se incluyó en el Diario Oficial de la Generalitat ni se hizo efectiva, sino que era "expresión de la voluntad política" para generar un espacio de negociación multilateral ineludible entre Catalunya, España y la UE. Las defensas ahondan en que nunca han abandonado la intención de dialogar y que esto es una "causa general" contra el independentismo, fruto de una "persecución política". Y es que la Justicia española deberá hilar fino para no quedar en evidencia.

radicalidad de vox Por contra, Vox repite hasta en 57 ocasiones la palabra "violencia" en sus apenas 60 páginas de escrito y 30 el término "criminal", refiriéndose a los líderes independentistas como "golpistas" y adjetivando el procés como un "golpe de Estado" que se sirve de la "violenta movilización ciudadana" como un "mecanismo sofisticado y novedoso de subversión del orden constitucional". Las defensas creen que la presencia de esta fuerza de ultraderecha como acusación "alarma a Europa" y les beneficia. Y como telón de fondo, la enmienda a la totalidad de las marcas soberanistas a los Presupuestos de Pedro Sánchez, a quien censuran por quedarse en las formas sin hacer un solo gesto en la práctica.

juicios en el supremo

Juez Pascual Estevill (1996). Lluís Pascual Estevill fue el primer miembro del CGPJ y juez condenado por prevaricación en el TS, que le impuso 6 años de suspensión, al ordenar el ingreso en prisión de varias personas por enemistad personal cuando era juez de instrucción en Barcelona.

Mesa Nacional HB (1997). El Supremo condenó a siete años de prisión a cada uno de los 23 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna por colaboración con banda terrorista al difundir un vídeo de ETA durante la campaña electoral de 1996 y sendos comunicados tras los asesinatos del ex presidente del Constitucional Francisco Tomás y Valiente y el abogado Fernando Múgica. Primera condena a la cúpula de un partido y primera vez que se estableció su relación con ETA.

Caso Filesa (1997). Ocho personas, entre ellos el diputado Carlos Navarro y el senador Josep María Sala, fueron condenadas a penas de hasta 11 años de prisión en relación con el caso Filesa, por financiar irregularmente al PSOE.

La sentencia fue la primera en el Estado en un caso relevante de financiación ilegal de partidos políticos y, además, de un partido que estaba en el poder cuando ocurrieron los hechos.

Caso GAL-Marey (1998). Condenas de hasta 10 años de cárcel a la cúpula de Interior del primer Gobierno socialista, incluido el exministro José Barrionuevo (1982-1988), por organizar, autorizar y financiar en 1983 el secuestro de Segundo Marey, primera acción atribuida a los GAL. Primer ministro de un gobierno en la historia reciente del Estado condenado tras un proceso penal.

Gómez de Liañio (1999). Javier Gómez de Liaño fue condenado por un delito de prevaricación cometido en 1997, cuando era titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional e instruía el caso Sogecable, sobre supuestas irregularidades contables con los depósitos de los abonados de esta televisión de pago. Indultado por el Gobierno de José María Aznar, en julio de 2013 asumió la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Garzón y la Gürtel (2012). El juez más mediático de esa época, que inició la instrucción de la Gürtel, fue condenado a 11 años de inhabilitación tras ordenar que se interceptaran las comunicaciones que mantuvieron el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, con sus abogados en la cárcel de Soto del Real. 15 días después se le absolvió por un procedimiento sobre memoria histórica.

Francesc Homs (2017). Exconseller de Presidència, condenado a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave al TC en la consulta del 9-N.