pamplona - Si el Tribunal Supremo mantiene el calendario previsto y no se produce un posible retraso, el lehendakari tendrá que comparecer el jueves como testigo en el juicio que se sigue contra el proceso soberanista catalán. Su declaración la pidió la defensa del exlíder de la ANC Jordi Sànchez y los exconsellers Turull y Rull, con el objetivo de que relate el proceso de mediación fallido entre los expresidentes Rajoy y Puigdemont. La gran incógnita que planea sobre esta cita es a qué puede atenerse el lehendakari en ese interrogatorio donde, como testigo, deberá responder a todas las partes, incluidas la acusación popular de Vox y la Fiscalía.

Poco se sabe más allá de la consideración general de que la estrategia de la defensa consiste en proyectar que el Govern de Puigdemont intentó el diálogo hasta el último minuto para evitar el choque, y que la existencia de la mediación de Urkullu puede contribuir de algún modo a ese argumento. Las fuentes del entorno del abogado Jordi Pina consultadas por este periódico no quieren anticipar otros detalles de su estrategia ante el testimonio de Urkullu “por respeto a la sala del tribunal”.

Vox puede tener la tentación de lanzar un interrogatorio duro, pero el juez Marchena ya ha avisado de que no va a permitir alegatos políticos ni debates ideológicos. Va a cortar por lo sano si cree que la discusión se desliza por esos derroteros. Este esquema limita también el alcance de las respuestas del lehendakari, que deberá contestar con hechos y probablemente tendrá poco margen para valorar políticamente asuntos como la declaración unilateral de independencia, y la disposición que percibió en el Govern o el propio Rajoy.

El lehendakari medió entre ambas partes en octubre de 2017 para evitar que Puigdemont proclamara la independencia de manera unilateral y para pedirle que convocara elecciones, todo con el objetivo de que Rajoy no aplicara el artículo 155 de la Constitución española para fulminar la autonomía catalana. La mediación fracasó. Puigdemont, muy presionado por su entorno, aprobó la declaración y no convocó elecciones.

cita en madrid El lehendakari acudirá en persona a declarar en Madrid, en una semana en la que también están citados el expresidente Rajoy, exministros como Sáenz de Santamaría y Montoro, y el expresident Mas. Todos están citados antes de la campaña de las elecciones generales del 28 de abril, para evitar cualquier interferencia. En principio, las intervenciones están tasadas y durarán media hora, aunque ya se ha visto que el tribunal se está viendo superado en su cálculo de los ritmos. Los interrogatorios, que iban a comenzar el martes, lo harán un día después y podrían arrastrar a los convocados para el jueves. Urkullu afronta con tranquilidad esta citación, aunque admite que no es plato de buen gusto.

Sus revelaciones sobre la mediación son de dominio público en la medida en que han salido a la luz en medios de comunicación como este periódico. Por lo tanto, hay poco margen para la sorpresa, aunque la expectación mediática es evidente. Además, esta comparecencia viene envuelta en cierta controversia política, porque el lehendakari se enteró por los medios de comunicación de su citación, en lugar de haber sido informado por las defensas. Desde su mediación fallida, la relación con Puigdemont se enfrió de manera pública y notoria. El lehendakari es un convencido defensor de la vía pactada y bilateral, y rechaza cualquier intento unilateral. Sin embargo, se ceñirá a responder a las preguntas, que tampoco podrán tener intencionalidad política por los límites que ha impuesto Marchena para evitar un espectáculo preelectoral.

Ya se conocen bastantes detalles de la mediación, como quiénes le pidieron que interviniera. Puigdemont lo sondeó en el verano previo a la declaración de independencia, y también Rajoy lo señaló como interlocutor válido. Además, le llegaron mensajes desde ámbitos socialistas para participar en un movimiento de presidentes autonómicos que incluía a la balear Francina Armengol. Tuvo igualmente contactos con los empresarios y la Iglesia. El primero en llamarlo desde la jerarquía eclesiástica fue el abad de Montserrat, Josep María Soler, alarmado por las imágenes del referéndum del 1 de octubre. El lehendakari vive esta citación como un asunto delicado porque es materia judicial y no ha soltado prenda en los últimos días, aunque no le genera inquietud en la medida en que no prevé consecuencias.