El populismo fiscal obligó a UPN a acometer la operación de Iberdrola en la que se perdieron 19 millones

Iribarren admite que el Gobierno, que había anunciado bajada de impuestos, necesitaba recaudar más

09.02.2020 | 00:50
Francisco Iribarren, exvicepresidente económico del Gobierno con Sanz, ayer en el Parlamento. A la derecha, Jokin Castiella (Geroa Bai).

Iribarren admite que el Gobierno, que había anunciado bajada de impuestos, necesitaba recaudar más.

pamplona - La comisión que investiga operaciones fallidas de Sodena bajo gobiernos de UPN ha servido para aclarar algunas cosas, sobre todo relativas a la compra y venta de acciones de Iberdrola que llevó a las arcas públicas a perder, según Comptos, 19,6 millones de euros. La semana pasada, por ejemplo, el exdirector gerente de Sodena, Carlos Valdivielso, reveló que la adquisición en 2005 de 9 millones de acciones de Iberdrola por parte de Sodena y su posterior venta respondió a una decisión "política" del Gobierno de UPN, que no se apoyó en informes técnicos para realizar una operación en la que el órgano fiscalizador navarro no veía claros los "objetivos estratégicos". Y, ayer, en la última cita de la comisión de Sodena -ahora los grupos tienen hasta el miércoles para redactar y entregar en el Parlamento sus escritos de conclusiones-, Francisco Iribarren, exvicepresidente del Gobierno de Navarra y exconsejero de Economía y Hacienda, reveló que, además, esta compra respondió a una imperante necesidad por parte del Ejecutivo de Sanz de "recaudar más". Es un objetivo tan loable como otros, pero que esconde una paradoja que forma parte del debate económico más actual: cómo el populismo fiscal y las promesas de bajadas impositivas, tan en boga en la derecha (de UPN a Ciudadanos pasando por el PP y Vox), terminan asfixiando a los gobiernos, a los que no les queda más remedio que recurrir a la ingeniería financiera y las operaciones mercantiles arriesgadas para tratar de meter más dinero en la caja, en apuestas que a veces no salen del todo bien.

dudas sobre comptos Quizá porque todo el mundo tenía ganas de echar el cierre, la comparecencia de Iribarren se finiquitó en una hora. Durante ese tiempo, el exconsejero de UPN defendió la adquisición del 1% de Iberdrola como una apuesta estratégica que sirvió para dinamizar la industria de Navarra, pero también para afianzar la relación con una empresa con la que se compartían objetivos, como el desarrollo de las energías renovables. Iribarren explicó que cuando se concibe la operación -"en 2001 o 2002"- Iberdrola estaba buscando inversiones porque la caída de sus principales socios lo exponía a OPA, y que Navarra creía que iba a servir para mejorar la relación con empresas estratégicas -"estabilizar relaciones", puntualizó- como Gamesa. "Fíjese si Iberdrola cambió la política industrial, que toda la tecnología de Gamesa ha estado en ese polo tecnológico", dijo, en referencia al de Sarriguren. Contó una anécdota: antes de que finalmente se instalase allí -en la parcela reservada para Tracasa, que terminó cruzando la ronda-, a Gamesa le ofrecieron la posibilidad de ubicar su sede donde la extinta Superser.

La operación, con dinero de Sodena, no fue sino un intento por "optimizar las herramientas de las que se disponía", argumentó. "Algunos optan por subir gravámenes, como este Gobierno, y otros preferimos usar mejor las herramientas que tenemos", resumió, en una frase que condensa bien ese espíritu tax-free del que siempre ha presumido una parte de UPN, aunque las operaciones se hagan con dinero público.

Precisamente, un dinero público que los grupos presentes, también el PSN, consideraron que quizá no se optimizó del todo bien siguiendo el informe de Comptos, crítico tanto con cómo se decidió la compra (sin informes técnicos) como por el resultado final. Iribarren se defendió: "Un Gobierno tiene que hacer caso a sus técnicos, no a los de Comptos. Si hubiese considerado que eran los mejores, los hubiese nombrado porque son funcionarios de libre designación". Y, sobre las pérdidas que reportó Comptos, comentó que no son tales ya que el órgano fiscalizador las calcula en euros corrientes, lo que distorsiona la realidad: "Vaya a su auditor y dígale que le calcule una operación mercantil a euros corrientes, las carcajadas todavía resonarían".