El cambio aprueba la nueva ley de víctimas policiales entre amenazas de recurso

UPN y PP niegan los abusos y dan por hecho que el Constitucional volverá a tumbar la norma
El PSN cambia de criterio con respecto a 2015 y se abstiene

09.02.2020 | 01:29
Ofrenda floral durante un acto de homenaje a la memoria de Mikel Zabalza, celebrado en Garralda en 2015.

UPN y PP niegan los abusos y dan por hecho que el Tribunal Constitucional volverá a tumbar la norma.

pamplona - El Parlamento de Navarra aprobó ayer, con los únicos apoyos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E, la que quiere ser la nueva (y definitiva) ley foral de reconocimiento y reparación a las víctimas que, en Navarra y desde 1950, han sufrido violencia por parte de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, como Mikel Zabalza, Gladys del Estal, José Luis Cano o Germán Rodríguez. Y, por lo que se vio ayer en la Cámara, la ley está condenada a volver a padecer la persecución política y judicial -siempre alentada desde la derecha, especialmente desde el PP- que en 2015 llevó al Tribunal Constitucional a suspender parcialmente la anterior ley de víctimas policiales aprobada ese mismo año, y que fue definitivamente anulada por el Alto Tribunal en julio de 2018. Porque, pese a todos los esfuerzos que ha invertido el cuatripartito por adaptar la norma a las consideraciones que hizo el Constitucional en su sentencia de 2018 -con los votos particulares de Juan Antonio Xiol Ríos, Antonio Narváez Rodríguez, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer Callejón y Fernando Valdés Dal Ré, cinco de los doce magistrados-, UPN y PP volvieron a dar por hecho, con bastante aplomo -como si controlasen los tiempos de las instancias judiciales, de hecho- que el Constitucional tumbará la nueva ley, mientras el PSN, más timorato que en 2015 -cuando apoyó la norma en su redacción original, más ambiciosa-, volvió a ponerse de perfil con un discurso que no despejó las dudas de si será su propio Gobierno en Madrid el que termine poniendo el recurso.

Lo que pasa es que la ley, realmente, no se puede rebajar más. Los grupos del cambio han trabajado el texto desde agosto de 2018, teniendo en cuenta las restricciones que puso el Constitucional. En su sentencia, el Alto Tribunal no veía claro que la Ley foral de 2015, con la comisión de expertos que prevé para dictaminar quién es víctima y quién no -instrumento muy similar al empleado en otros casos, como en leyes de memoria histórica o para víctimas de ETA-, no fuese a suplantar el trabajo reservado al poder judicial, razón por la que decidía suspender la ley.

renuncia a investigar El nuevo texto, aprobado ayer, subraya a lo largo de toda su redacción el carácter netamente administrativo de la norma, que se centra sólo en reconocer y reparar víctimas -a las que se podrá indemnizar con arreglo a los criterios que marca la Ley foral 9/2010 de ayuda a víctimas del terrorismo- y no en investigar los abusos que sufrieron. Sin ánimo punitivo, la ley se centra en "resarcir sin menoscabo del deber de abstención, concurrencia y sujeción a los pronunciamientos judiciales", y la comisión de expertos sólo podrá recopilar hechos, no investigarlos.

Pues todavía puede que todas las cautelas no sean suficientes. Los servicios jurídicos del Parlamento ya alertaron de que el Constitucional podría volver a poner objeciones a la comisión de expertos, y después el Consejo de Navarra animó a los parlamentarios a dejar más clara la no invasión de la norma en las tareas de investigación reservadas a los tribunales. Con la ley "más descafeinada", como asumió ayer Koldo Martínez (Geroa Bai), se ha decidido ir hacia adelante con la firme convicción de que "reconocer a otras víctimas no diluye a las demás", sino que avanza en el cumplimiento de los derechos humanos. Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, no pudo ocultar en su intervención que la ley ha tenido que afrontar tantos obstáculos que al final ha quedado más desdibujada de lo que se hubiese querido, con un Estado que es "juez y parte" y que aplica "la doctrina Martín Villa por la que hay torturados pero no torturadores". Laura Pérez, de Orain Bai, también consideró que el TC ha vaciado de contenido la norma y admitió que les hubiese gustado ser "más contundentes"; y Josemi Nuin, de I-E, consideró que "sería impensable otro recurso" con una redacción suficientemente clara.

La oposición, sin embargo, estuvo encantada. Carlos García Adanero, de UPN, dio por hecho que la ley "va a ser recurrida" porque se vuelve a saltar a los tribunales, según su teoría; y Ana Beltrán (PP), erigida como portavoz de la nueva plataforma conjunta entre UPN, PP y Ciudadanos, avisó de que "el próximo Gobierno de Navarra derogará la ley" o "será declarada inconstitucional". Inma Jurío, del PSN, armó un discurso un poco en esa pretendida centralidad de los socialistas, para terminar insinuando que el no haber sido lo suficientemente escrupuloso con la comisión puede poner en riesgo la viabilidad de la norma.