PAMPLONA. El Gobierno foral cuenta con un plazo de 9 meses para negociar con el Ejecutivo estatal ciertos aspectos de la Ley de Reforma de la Administración local y de la acreditación de familias monoparentales para evitar así la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado.
La Comisión Permanente del Parlamento Foral se ha reunido este lunes para tratar una veintena de trámites, entre otros, el de estudiar las consideraciones realizadas por el Ministerio de Hacienda en relación con la Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra, así como de las discrepancias remitidas por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.La comisión también se ha dado por enterada de las discrepancias del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en relación con sendos artículos de la Ley Foral para la acreditación de las familias monomarentales y monoparentales en la Comunidad Foral.
En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha denunciado que "se repite el carácter censor por parte del Estado a la hora de analizar con lupa las leyes forales que aprueba este Parlamento".Según Araiz, al Estado "le preocupa" que cuando se produzcan ofertas públicas de empleo únicamente se haga referencia a "lo establecido en la norma aplicable".
"Expresamente quieren que se hable de la tasa de reposición, que se diga que las vacantes son en función de la normativa del Estado. Es curioso que se plantee esto", ha advertido.El Gobierno central también ha discrepado acerca de la creación de las mancomunidades de planificación general. En este sentido, Araiz ha remarcado que desde Madrid se olvida "deliberadamente" que estas competencias ya se preveían en la legislación navarra desde 1928.
"Los redactores de estas notas olvidan por completo los derechos históricos que asisten a Navarra en esta materia", ha denunciado, tras criticar que el Ejecutivo estatal cuestione que la Comunidad Foral "pueda crear estas entidades". En lo referente a la ley sobre las familias monoparentales, se cuestiona su equiparación a las familias numerosas.
Así, ha explicado que ahora se abre un periodo de negociación entre Navarra y el Estado "para ver si hay alguna posibilidad antes de que se pudiera producir una hipotética impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado"."Lo que ha hecho el Gobierno de Navarra es dar respuesta positiva a abrir esa mesa, son 9 meses los que se tienen de plazo para llegar a un acuerdo o no. Si no hubiera acuerdo, el Gobierno del Estado valoraría si interpone o no un recurso de inconstitucionalidad", ha avanzado.En la misma línea se ha posicionado el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde, que no ha entendido que un Gobierno "que se dice progresista" esté "obstaculizando medidas legislativas de avance social".
De esta forma, ha denunciado "que se busque la letra pequeña en este tipo de leyes que pretenden extender derechos"."En Geroa Bai somos partidarios de que el gobierno explore esa vía hasta las últimas consecuencias para evitar ese recurso, pero sí que seguimos preocupados con la actitud del gobierno de Sánchez", ha advertido.Según ha indicado, "venimos de una época negra en la que el Gobierno del Estado llegó a tener recurridas 17 leyes forales de este Parlamento en la época de Mariano Rajoy, con lo que ello supone de falta de respeto al autogobierno"."Y este gobierno de Sánchez está manteniendo una actitud que nos preocupa y nos parece intolerable", ha añadido, porque este anuncio "no deja de ser una amenaza de llevar al Tribunal Constitucional dos leyes que consideramos que han sido de profundo avance social".Tras criticar este "ataque al autogobierno", Hualde ha cuestionado esta actitud, "que bajo formas quizás más amables que las que en su momento tenía Mariano Rajoy, se mantiene en una misma actitud de política recentralizadora"."Ojalá no termine en recursos al Tribunal Constitucional âha dicho-, en todo caso, la actitud nos preocupa".
