Tras quedar el juicio oral visto para sentencia el miércoles todas las miradas están puestas ahora en los siete magistrados del tribunal del procés, conscientes de que su decisión pasa por alcanzar la unanimidad en la sentencia para evitar polémicas y resquicios jurídicos con los que los doce acusados, o alguno de ellos, presenten recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Seis hombres y una mujer a quienes se ha presentado como los últimos garantes del Estado de Derecho frente al conflicto secesionista catalán, que tendrá un punto de inflexión cuando se dicte la sentencia, para la que no hay una fecha en concreto aunque todo apunta a que será siempre después del verano -la mayoría de las fuentes jurídicas coinciden en señalar que sería como muy pronto a finales de año- habida cuenta del volumen de la prueba a analizar en un juicio con 52 sesiones.

Una resolución que será la respuesta jurídica a la vectores soberanistas de Cataluña niegan ya legitimidad, como reiteró el miércoles el president Quim Torra al tildar el juicio de “farsa”.

Porque los hechos juzgados son jaleados fuera del Tribunal Supremo por unos y rebatidos por otros, hasta el punto de convertir a la vista del procés en la madre de los juicios paralelos, mientras desde el extranjero los políticos fugados tratan de teledirigirlo para dar un golpe de efecto en favor de la causa independentista.

Son los daños colaterales del procés frente a un tribunal que lleva meses lidiando con presiones y acusaciones, vengan del expresident Carles Puigdemont, de la Generalitat, de políticos y medios de comunicación o de un grupo de trabajo de la ONU.

La trascendencia política de esa sentencia será innegable y las lecturas de lo que reflejen los hechos probados no serán compartidas por todos los actores implicados en el problema catalán, lo que abrirá la puerta a un debate de alto voltaje.

Por eso, el tribunal aspira a alcanzar la unanimidad y no se contempla en la judicatura una resolución con votos particulares habida cuenta de la sensibilidad de la cuestión a tratar.

Cualquier fisura en la resolución del Tribunal Supremo podría tener consecuencias en la imagen de la Justicia porque al tratarse de la cúpula de la magistratura de este país, muchos podrían interpretar esa quiebra como un síntoma de debilidad de uno de los poderes del Estado.

Y es que en caso de ser condenados, las defensas acudirán en amparo al Tribunal Constitucional antes de dar el último paso a Estrasburgo.

Pero antes, habrá que conjugar las distintas sensibilidades de los miembros del tribunal que ya han deslizado ligeras diferencias en el pasado con la calificación de los hechos y que han vivido el juicio con distinta intensidad y atención.