pamplona - Europa se sigue manteniendo de perfil en la crisis humanitaria surgida a raíz del rescate hace siete días de 121 migrantes a punto de naufragar en el Mediterráneo por el barco de la ONG catalana Proactiva Open Arms. La Comisión Europea reiteró ayer que no tiene competencias para gestionar operaciones rescate de migrantes y en qué puerto deben desembarcar. Un día antes, el portavoz de la Comisión Europea, Carlos Martín Ruiz de Gordejuela, aseguró que tampoco han recibido ningún tipo de petición de algún país para coordinar la redistribución de las personas rescatadas entre varios estados miembros. Para ello, primero algún país debería autorizar el atraque de la embarcación de salvamento en su costa y activar el plan europeo de acogida.
Italia y Malta ya han blindado sus puertos. La tripulación del Open Arms, que navega en aguas internacionales frente a la isla italiana de Lampedusa, esperan desde hace días que el Gobierno de España autorice su desembarco en el puerto de Valencia tras el ofrecimiento del alcalde Joan Ribó de acoger a las personas rescatadas en la ciudad. Tras el bloqueo inicial, esta posibilidad se está emborronando por momentos por la estrategia del Ejecutivo español de trasladar la pelota a la Unión Europea entre llamamientos a la corresponsabilidad de una política común europea que responda a la presión migratoria que se vive en el Mediterráneo. Pero los intentos del Gobierno español para implicar a la UE en la solución de esta nueva crisis se ha topado con las reticencias expresadas por la Comisión. No obstante, el Ejecutivo Sánchez ni siquiera ha tramitado una solicitud oficial de ayuda a la UE aunque varios de sus portavoces se han afanado los últimos días por trasmitir la imagen de que están en conversaciones con Bruselas para activar el mecanismo para facilitar la distribución del centenar de migrantes entre varios estados. A preguntas de la prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reconoció ayer que España por el momento no ha pedido de manera formal a la Comisión que coordine una solución para así agilizar el desembarco del buque humanitario Open Arms. “No, no tenemos que hacerlo”, dijo.
Mientras, el tiempo corre, por lo que los responsables del Open Arms han intensificado su presión hacia el Gobierno español para lograr fondear en el puerto más cercano cuanto antes. El presidente de la ONG, Óscar Camps, confirmó ayer que ha pedido por carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que facilite la activación del mecanismo de reparto europeo que puede permitir el desembarco en Italia o Malta de los 121 migrantes. La misiva fue enviada este martes a Sánchez, al que Camps informa de que la ONG está “agotando todas las vías ordinarias y legales” para conseguir el desembarco seguro.
“Consideramos que la Comisión Europea debe estar informada para que inicie y coordine un procedimiento de reparto de las personas rescatadas. Para poner este mecanismo en marcha, la solicitud debe proceder de un Estado miembro”, como España. A partir de ese momento, la Comisión “puede comenzar a activar los contactos para ayudar a encontrar una solución coordinada en la distribución de las personas rescatadas después de un desembarco entre estados”, indica Camps en la carta. Por ello, el presidente de Open Arms pide a Sánchez que “facilite esta gestión con la Comisión Europea”. También informa de que, “de forma informal, ya hemos solicitado a nuestras fuentes en los ministerios de Fomento y de Exteriores que nos proporcionen contactos a nivel institucional a quienes podamos dirigirnos formalmente para gestionar la mencionada solicitud”. - D.N.
La batalla política está servida
Debate. La situación del Open Arms ha servido de carnaza en el escenario político español. El portavoz de Compromís, Carles Mulet, afeó ayer al Gobierno en funciones que “bloquee la entrada del Open Arms a Valencia”. La extrema derecha, por su parte, tampoco ha perdido la ocasión para encontrar argumentos que justifiquen su discurso antimigratorio. El presidente de Vox, Santiago Abascal, defendió vía Twitter que “el único camino” es “multar e ilegalizar” a las ONG de rescate de migrantes y refugiados en el mar “que colaboren con las mafias”, al igual que hará Italia tras la aprobación de un decreto que eleva a un millón de euros las multas.
