pamplona - Ana Ollo (Pamplona- Iruña, 1965) encara su segunda legislatura de consejera, con el reto de continuar y ampliar las políticas de convivencia y de acción en el exterior desde la experiencia de los últimos cuatro años. Su labor también será observada en su compactación con el relato global del Gobierno. La guía base será el acuerdo programático.

¿Quién cree que atesoraba mayores expectativas en su inicio? ¿El Ejecutivo de Barkos o el de Chivite?

-Es diferente. El de Uxue Barkos recogió un anhelo en la sociedad de cambio. Ahora es un Gobierno diferente, pero asume prácticamente todas las políticas de los últimos años. Probablemente es una etapa vista con más naturalidad por la sociedad. Creo que es muy positiva como consolidación de esas políticas. La oportunidad de continuarlas dándoles una centralidad y una territorialidad que probablemente ha ganado este Ejecutivo.

“Con el PSN hay muchas cosas en las que podemos coincidir”, afirmó en septiembre de 2016. Hasta el punto de que ahora los socialistas lideran un gobierno de coalición junto a ustedes, Podemos y el apoyo e I-E. Pero al PSN se le va a recordar a menudo que en la legislatura anterior confrontaron.

-El PSN se situó en la oposición, y a veces una labor dura. Pero dije entonces que nos unían muchos más acuerdos que desacuerdos, y creo que el pacto actual ahonda en ese punto de vista. La política para mí es llegar a acuerdos. Lo que no puede ser es el espectáculo que se está dando ahora mismo en Madrid, donde todos los partidos parece que van a las máximas. La política es ceder, consensuar, dialogar, llegar a acuerdos entre diferentes por un bien común.

Dijo también entonces: “El Gobierno ha hecho de la paz y convivencia una base del cambio”. Una base que va a seguir desarrollándose. ¿Cuál es el acento distinto que ha percibido en el encargo de la presidenta?

-El acuerdo programático desarrolla ese marco de las políticas de paz, convivencia y derechos humanos, en el fondo de una manera bastante continuista. Ahora se parte ya con un bagaje de una experiencia de cuatro años y queremos avanzar en aspectos concretos que se quedaron en una fase inicial.

¿Cómo cuáles?

-El propio acuerdo programático habla de un plan estratégico de convivencia y derechos humanos para la sociedad navarra. Tenemos que empezar a trabajar en ese plan con una participación no solo de la clase política sino también de la ciudadanía. Para que tenga efectividad tiene que ser compartido. El acuerdo también habla de una ponencia parlamentaria, en la que se acuerde un suelo ético de todas las fuerzas políticas sobre las bases de una convivencia en una sociedad diversa y plural.

Eso requiere honestidad y coraje intelectual. Una tarea nada sencilla de articular.

-Es una oportunidad si queremos creer en una sociedad en paz, y desde luego tendremos que tener un consenso en torno a ese suelo ético, a esa deslegitimación de la violencia y a una mirada crítica con ese pasado violento que hemos tenido en Navarra. ¿Difícil? Para eso estamos en las instituciones. Para plantearnos retos, y no para trabajar en la comodidad.

¿Qué aprendió personalmente en la anterior legislatura o cómo afectó a Ana Ollo una consejería con una carga tan delicada y al mismo tiempo tan humana como la suya, con tanto contacto con víctimas de vulneraciones de derechos humanos?

-Eso te hace descubrir que muchas veces hemos vivido como sociedad, y yo la primera, de espaldas al sufrimiento de muchas personas. Pongo siempre un ejemplo. Fue muy tarde cuando descubrí que en 1938 en el monte Ezkaba más de 800 personas prisioneras se fugaron en la mayor fuga de presos en la Europa Occidental. Y esto no lo conocíamos. Hemos vivido de espaldas a una realidad; algunos más, otros menos. Y en la anterior legislatura descubrí, yo que pensaba que conocía esa realidad de sufrimientos, que había muchos hechos ocultos. Y esa es precisamente una de las líneas de nuestro trabajo: la transmisión a las nuevas generaciones de ese pasado violento que vivimos para que no se vuelva a producir, tanto en la memoria histórica como reciente.

Me ha hablado del fuerte de Ezkaba. ¿Hay alguna intención en cuanto a sus usos?

-El Fuerte es un bien inajenable en este momento, perteneciente al Ministerio de Defensa. Nosotros trabajamos en la legislatura anterior con este Ministerio y sus representantes para llegar a un convenio que sin asumir la propiedad permitiese algunas actividades, y no renunciamos a ese convenio.

¿Se han marcado alguna fecha para inaugurar el Instituto de la Memoria en el Palacio de Rozalejo?

-Ya se ha puesto en marcha el concurso de redacción del proyecto. En este momento creo que el proceso está en la selección del equipo de arquitectura, con la idea de que a final de año pudiese estar seleccionado, para tramitar la obra del edificio.

Usted viene del periodismo. A veces la batalla por la propaganda genera una volatilidad, e ideas antes inimaginables van calando en poco tiempo, también en cuestiones de convivencia.

-Efectivamente, ahí tenemos una responsabilidad como sociedad, pero sobre todo quienes estamos en las instituciones tenemos una responsabilidad de no manejar esos mensajes.

En esta legislatura en Paz y Convivencia en vez de estar acompañada por Álvaro Baraibar lo está por Martín Zabalza. ¿En qué se puede notar exactamente este relevo?

-Con Álvaro Baraibar he tenido un magnífico trabajo, es una excelente persona y muy comprometida con la convivencia desde la deslegitimación de la violencia. En ese sentido ha sido un magnífico compañero de viaje. Martín es una persona muy afable. Viene del trabajo con asociaciones de memoria y paz y vamos a poder desarrollar muy bien el acuerdo político.

Dijo que el primer año del Gobierno de Barkos fue “cañero”. ¿Les viene ahora algo parecido o peor?

-Supongo que cuando yo dije eso yo venía de una inexperiencia política, y fue entrar en una realidad desconocida. Estas primeras semanas están resultando también cañeras. Creo que aquí hay una responsabilidad sobre todo de Navarra Suma, de valorar si esto les compensa o nos compensa a la sociedad navarra. Intentar fragmentar o provocar conflictos allá donde no los hay no nos beneficia a la sociedad navarra. La crítica política es una cosa, la fragmentación de la sociedad es otra cosa.

¿Cómo se puede desarticular ese discurso de la crispación?

-En eso estamos, en eso estuvimos en la legislatura anterior. Por ejemplo en el ámbito del euskera creo que se estableció un lenguaje perverso alejado de toda realidad. ¿Cómo se combate? Demostrando que esas mentiras y falsedades no son reales, contándolo muchas veces, dando datos y confiando que haya un momento en que la oposición descubra que ese mensaje no le compensa políticamente.

Pero este gobierno, como el anterior, no tiene un discurso monolítico. ¿Va a ser difícil alimentar la cohesión?

-Es un gobierno de coalición. Desde luego la voluntad tanto de la presidenta como de todos los que estamos en el Ejecutivo es que sea un equipo lo más cohesionado posible. Es una oportunidad que nos ha dado la sociedad poder seguir avanzando en políticas progresistas. Eso tiene que estar por encima de todos y es un compromiso que hemos asumido todos, empezando por la presidenta.

María Chivite incide en la pluralidad del colectivo de víctimas de ETA, pero da la impresión de que se oyen más a unas orientaciones que a otras.

-Hay víctimas agrupadas en torno a Anvite, una voz importante en el colectivo, pero no la única. Evidentemente la asociación les da una voz más potente que quizás otras víctimas que no están asociadas, pero que existen.

¿Qué balance hace de la Oficina de Atención a las víctimas, y en qué medida va a continuar esa línea de acompañamiento?

-El acuerdo político consolida ese apoyo y se va a seguir trabajando, lo mismo que la colaboración con las asociaciones de víctimas del terrorismo con afiliados en Navarra. Y hay un compromiso tanto mío como del director general en fortalecer esa línea de trabajo con las asociaciones.

El 2 de junio de 2016, el Parlamento aprobó, a petición de Covite, una moción para la instalación de placas en los lugares donde ETA cometió algún asesinato en Navarra. ¿Qué ha pasado en Pamplona u otros municipios para que este acuerdo no se haya implementado?

-El Parlamento aprobó esa moción. Desde el Gobierno de Navarra ya estábamos trabajando en algo parecido. Lo que se hizo desde el Gobierno fue remitir, creo que eran 13 las localidades en las que habían habido asesinatos de ETA, una serie de recomendaciones que entendíamos que eran una buena opción para esa reparación a estas víctimas, incluso con una serie de directrices en cuanto a la forma, para dar una cierta homogeneidad a las placas. Creo que respondieron Sangüesa, Zizur y Lumbier, y en Pamplona asumieron la recomendación, pero la hicieron con sus propias directrices. Creo que en Pamplona sí se puso alguna placa, pero esto es una competencia de las entidades locales. El compromiso del Gobierno era reconocer que este tipo de acciones contribuyen a esa reparación de las víctimas, que tienen derecho a ello.

¿Se van a enviar de nuevo estas recomendaciones, por la renovación de los consistorios tras los comicios municipales?

-Sí, es una de las acciones que planteamos. Volver a comunicar con esos ayuntamientos para volverles a expresar el compromiso y la voluntad del Gobierno, y el apoyo que van a recibir de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos.