PAMPLONA. - Cuando se cumplen dos años del referéndum del 1-O, la situación institucional, política y judicial en Catalunya ha vuelto a inflamarse hasta llegar a cotas similares a las del 2017, lo que anticipa un otoño complicado en todos los sentidos. Tras un periodo de calma relativa, los detonantes que han aumentado la crispación han sido las detenciones de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y el intento de vincular a la Generalitat con un supuesto complot para ocupar el Parlament. Todo esto en puertas de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, que se prevé condenatoria y provocará una fuerte sacudida en el independentismo catalán y en todo el Estado.

Los Mossos d’Esquadra han reforzado el dispositivo de orden público para hoy, al aumentar el riesgo de incidentes en las movilizaciones convocadas en toda Catalunya con motivo del segundo aniversario del referéndum del 1-O. En paralelo, la Policía española y la Guardia Civil contemplan enviar en torno a un millar de agentes antidisturbios si las protestas de grupos independentistas derivan en disturbios y problemas de orden público tanto hoy como cuando se haga pública la sentencia del procés.

En medio de esta creciente tensión, ayer se conoció la dimisión del director de los Mossos, Andreu Martínez, aunque según el Govern no se debe a los movimientos políticos o judiciales, sino a un cierre de etapa ya previsto. Respecto a los CDR arrestados, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, expone en su auto que en la instrucción de la Guardia Civil “constan conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal” del Parlament, en una fecha señalada como día D. Siempre según la versión de la Guardia Civil y la Audiencia, los detenidos la semana pasada integrarían una facción llamada Equipo de Respuesta Táctica, que tendría como objetivo “subvertir el orden constitucional”. Así, habrían elegido una jornada entre el aniversario del 1-0 y la publicación de la sentencia del procés para entrar en la Cámara catalana.

La Audiencia Nacional sostiene asimismo que los arrestados habrían participado ya en acciones anteriores menciona expresamente “los disturbios” durante el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona en diciembre o la planificación y el derramamiento de aceite en la carretera C-55 al paso de un convoy escoltado por Guardia Civil”. Respecto a ese último hecho -que tuvo lugar el pasado 1 de febrero- los CDR habrían participado “en un acto delictivo que consistió en el derrame de gran cantidad de aceite en la calzada de la carretera C-55, sin previo aviso, al paso del convoy que trasladaba a los políticos presos del centro penitenciario de Lledoners a Madrid”.

La versión que maneja la Audiencia asegura también que los acusados contaban con una “estructura jerarquizada” y estaban en contacto con órganos de la Generalitat. Así, el magistrado cree que el Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat), al que algunos llaman el CNI catalán, “asumió y planificó” el “asalto y posterior ocupación de forma ilegal” del Parlament que debían ejecutar los ahora detenidos.

A este respecto, el auto sostiene que la persona intermediaria entre los CDR, el president Torra y el expresident Carles Puigdemont sería la propia hermana de este último, Anna Puigdemont, que negó las acusaciones. Según ella, nunca se reunió con ninguno de los detenidos ni les entregó “documentación sensible” en septiembre del año pasado. Es más, asegura que en esas fechas se encontraba en el médico. “Es materialmente imposible que yo haya participado en aquella reunión por razones familiares perfectamente documentadas”, subraya la hermana del expresident, que alega que las filtraciones de los últimos días en el marco de la Operación Judas son “interesadas”.