pamplona - El cerco judicial sobre Roger Torrent se estrecha. Después de que el Gobierno español le advirtiera de consecuencias penales, ayer fue el Tribunal Constitucional (TC) quien lanzó un serio aviso al Parlament para que no adopte ninguna iniciativa relacionada con pasos concretos para llegar a ejercer del derecho de autodeterminación. La resolución suspende varios puntos de la declaración aprobada por la Cámara catalana el pasado 25 de julio, referida al “derecho de autodeterminación, derechos civiles y resolución del conflicto”. Tanto al dirigente de ERC como a los miembros de la Mesa del Parlament se les insta a “paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida a penal, en las que pudieran incurrir”.
“No se puede convertir al Parlament en órgano censor que limite la libertad de expresión. Si abrimos puerta a la censura sabemos dónde empezamos pero no como acabamos”, replicó Torrent, quien señaló a Pedro Sánchez. “Sánchez tiene la misma consideración por el parlamentarismo que Rajoy. Aquí no se puede hablar sobre la monarquía, pero hay otros parlamentos en los que se puede pedir que se aplique el 155 en Catalunya y, es más, cuentan con el voto del PSOE. En el Parlament se tiene que poder hablar de todo lo que interesa a la ciudadanía, no solo de lo que le gusta al Gobierno español”, criticó.
Torrent criticó que el Gobierno del PSOE recurra al TC para suspender declaraciones políticas del Parlament y que, encima, plantee “’incidentes de ejecución’ para lanzar advertencias” a él mismo y a la Mesa. El presidente de la cámara hizo un llamamiento a Sánchez para que “haga política, que haga una propuesta a Catalunya, que la ponga encima de la mesa, que no intente trasladar este conflicto a los tribunales y a las sentencias, porque ni esto, ni la censura para acallar opiniones, resolverá un problema que es político”. “Ningún tribunal resolverá el conflicto existente entre Catalunya y el Estado, -aseguró- por lo que pido a Sánchez que ponga encima de la mesa una propuesta política a Catalunya que comporte una solución democrática”.
El TC requirió también a Torrent, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara, Xavier Muro, respectivamente, su obligación de “impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la sentencia del TC”, relativa a la resolución 92/XII de la Cámara catalana, sobre “priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia”. El último punto de los preceptos suspendidos se refería a la monarquía, y en el que se señalaba que el Parlament “reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática”. El TC dictó recientemente que el Parlament no tiene competencias para investigar al rey’.
El Govern pide cesar a garrido
Carta de Budó. La Generalitat ha pedido por carta al Gobierno el “cese inmediato” del jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Pedro Garrido, al considerar que su discurso en la fiesta del Instituto Armado fue una “provocación” que “socava” la relación con los Mossos. En nombre del Govern, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, envió una carta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, para pedir la destitución de Garrido, quien a pocos días de que se haga pública la sentencia del ‘procés’, insinuó que el exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, iba a ser condenado y defendió la actuación de la Guardia Civil durante el 1-O.
