- El Gobierno de Navarra ha decidido modificar la Ley Foral 12/2019 de Participación Democrática para evitar la interposición de un nuevo recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado. Sería el segundo con Pedro Sánchez en Moncloa, ya que en la actualidad están denunciadas ocho de las 596 leyes del Fuero Nuevo -que el Parlamento foral aprobó por unanimidad la pasada legislatura-, si bien no están suspendidas cautelarmente ninguna de ellas.
La norma objeto ahora de obligada revisión a instancias del Estado también salió adelante sin votos en contra. Tuvo el respaldo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra, mientras que UPN y PP optaron por abstenerse.
El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, precisó que "las discrepancias" se centran en los artículos 25 y 27 de la Ley Participación Democrática y que la Administración General del Estado remitió al Gobierno una "invitación para iniciar negociaciones ante un posible conflicto de inconstitucionalidad". Remírez ofreció estas explicaciones en una comisión parlamentaria solicitada por EH Bildu.
El también vicepresidente del Gobierno dijo que el Estado estima que la regulación de las consultas populares recogida en esta ley "excede de los límites definidos por el Tribunal Constitucional entrando, por tanto, en el ámbito de los referéndums". En concreto, el Estado permite la convocatoria de consultas para recabar la opinión de un colectivo concreto al que le afecte dicha consulta, pero no del conjunto de la ciudadanía.
El Estado comunicó a Navarra sus discrepancias con esta ley nada más ser publicada en el BON el 1 de abril de 2019. Ya en junio se iniciaron las negociaciones entre ambas administraciones. Para solventar la controversia suscitada con el artículo 25, el acuerdo alcanzado recoge que "la consulta ciudadana, de ámbito foral o local, al no ser una consulta refrendaria, sólo puede tener como sujeto consultado un determinado colectivo o sector de población convocado". Y en el artículo 27 se dice que "en las consultas ciudadanas tendrán derecho a participar las personas que formen parte del colectivo o sector de la población al cual afecte la materia objeto de consulta, desvinculándola del cuerpo electoral".
El Estado daba al Gobierno foral la posibilidad de recoger estos compromisos mediante el desarrollo reglamentario de la ley o a través de su modificación. Remírez añadió que se ha optado por esta segunda opción.
Bakartxo Ruiz (EH Bildu) defendió que "toda la ciudadanía debería tener derecho a decidir y a emitir su opinión", y consideró que se debería haber apostado por el desarrollo reglamentario ya previsto en la ley en lugar de su modificación. Recordó que se trata de "una ley ambiciosa, que debería incluir consultas a nivel foral y todo lo relacionado con presupuestos participativos, y que también permite la reprobación política".
En la línea habitual de sumisión al Estado, José Suárez (Navarra Suma) abogó por admitir sin victimismo y con naturalidad" las modificaciones y llamó a "dejar de sentirse atacados porque la capacidad legislativa se ponga en duda desde el Gobierno de España".
Inma Jurío (PSN) defendió la ley porque "ensancha las vías de participación de la ciudadanía". No obstante, sobre los artículos 25 y 27 señaló que PSN se abstuvo en su votación, porque "suscitaba muchas dudas esa ampliación de querer dirigir la ley al conjunto de la población". Sobre EH Bildu, señaló que "tienen mucha gracia para vestirse de libertad y derechos", que calificó de "independentistas".
Blanca Regúlez (Geroa Bai) afirmó que los artículos ahora modificados se quedan "como estaban recogidos en el anteproyecto" antes de la tramitación parlamentaria. Además, apostó por que este tipo de procesos y referéndums vayan acompañados "de una reforma constitucional".
Marisa de Simón (I-E) destacó que esta ley supuso "un avance hacia una democracia más sana", y dijo que una vez que "hay un acuerdo", hubiera sido mejor su "desarrollo reglamentario y no la modificación".
Sin votos en contra. La Ley Foral 12/2019 de Participación Democrática en Navarra fue una de las últimas de la pasada legislatura. Se aprobó el 14 de marzo de 2019 con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra. No recibió ningún voto en contra, ya que UPN y PP se abstuvieron.
La discrepancia. El Gobierno de España argumenta que el Tribunal Constitucional ya señaló que "no hay más referéndums que los previstos en la Constitución" y que en la sentencia 31/2015 de febrero considera que "estamos ante un referéndum cuando el poder público convoca al conjunto de los ciudadanos de un ámbito territorial".
El acuerdo. Para evitar que la ley foral sea inconstitucional, se ha modificado el texto. Ahora se precisa que podrán participar en consultas el colectivo al que le afecte dicha consulta, pero no todo el cuerpo electoral, porque eso sería ya un referéndum.
