PAMPLONA. El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha hecho una valoración “muy positiva” de la convalidación, por parte del Parlamento Foral, de los dos decretos leyes forales aprobados por el Ejecutivo foral, con medidas urgentes y extraordinarias frente al coronavirus, y ha expresado su confianza en que puedan ser mejoradas durante su paso por el Parlamento.
Remírez ha destacado que la aprobación haya sido por unanimidad de los grupos parlamentarios que, según ha indicado, “es un reflejo del esfuerzo colectivo que está realizando el conjunto de la población y también marca la línea de buscar el máximo grado de consenso político de cara a que las medidas tenga el mayor impacto positivo”. En este sentido, ha puesto de manifiesto que el Gobierno buscará el mayor grado de consenso posible para que estas medidas puedan ser mejoradas por los grupos durante su tramitación parlamentaria.
Servicios mínimos en Justicia
La Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra ha dictado una resolución sobre los servicios mínimos del personal de los cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia en Navarra, durante la pandemia del COVID-19, basada, fundamentalmente, en la flexibilidad y la capacidad de cada órgano o ente del ámbito de la Justicia para aplicar esa flexibilidad dentro de los márgenes marcados por la citada resolución.
Los dos criterios básicos y esenciales establecidos son, por un lado, garantizar la salud pública, tanto del personal de la Administración de Justicia en Navarra como de la ciudadanía, de acuerdo a los criterios del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y la autoridad central sanitaria, y, por otro, garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales, y por tanto el derecho de la ciudadanía a la tutela jurisdiccional efectiva, marcados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).
A juicio del director general de Justicia de Navarra, Rafael Sainz de Rozas, “el criterio de flexibilidad y de la capacidad de cada órgano o ente de la Administración de Justicia para administrar dicha flexibilidad en Navarra ha sido muy bien acogido y valorado tanto por los profesionales de los diferentes ámbitos, como por la parte sindical, si bien hay que destacar el compromiso que están demostrando todos los sectores profesionales implicados, sabedores de que hay que prevenir la salud pública y contener la expansión de la pandemia pero al mismo tiempo garantizar derechos fundamentales y básicos de la ciudadanía”.
