esde el pasado viernes hasta el próximo 4 de diciembre miles de personas celebrarán Euskaraldia, un ejercicio lingüístico que busca cambiar los hábitos para fomentar el uso del euskera en la vida cotidiana. Repartidos entre ahobizi (hablantes) y belarriprest (euskaldun pasivo) 17.640 navarros se han apuntado a la segunda edición de una dinámica que pretende ganar espacio para la lengua en un contexto donde casi siempre predomina el castellano.
Una iniciativa simpática y amable que ejemplifica bien el compromiso que para muchas personas implica el conocimiento y uso del euskera. Es, en cierto modo, un compromiso vital, romántico y emocional. Pero también rutinario para quien utiliza la lengua en el día a día de forma normal y habitual. Sobre todo en una comunidad donde históricamente se han puesto obstáculos a su desarrollo, y donde su reconocimiento administrativo sigue marcado por una anacrónica división territorial.
Euskaraldia cuenta con el apoyo expreso y activo del Gobierno de Navarra. En el reparto de responsabilidades dentro de la coalición, la política lingüística quedó en manos de Geroa Bai, que ha contado con total autonomía para dar continuidad al trabajo de la pasada legislatura. Pese a la difícil situación sanitaria, Euskarabidea ha visto aumentado su presupuesto de los 4,5 millones iniciales del pasado año, -que acabaron siendo 4,9 tras el debate de enmiendas-, a los 5,2 millones previstos para 2021. Y que previsiblemente serán más tras las enmiendas que presentarán Geroa Bai y EH Bildu en el Parlamento.
Se refuerzan así las políticas públicas de fomento del euskera, se mantienen los convenios con colectivos y entidades, y se sigue avanzando hacia la gratuidad de la enseñanza a personas adultas. Inversiones tal vez insuficientes, pero que eran impensables hace apenas cinco años. Y que hoy quedan consolidadas en los presupuestos con la complicidad de Partido Socialista. No es un logro menor.
Sin embargo, la política lingüística sigue siendo motivo de fricción política, y también un elemento de interesado uso partidista. El euskera fue un argumento central de oposición al Gobierno de Barkos, y hoy sigue siendo un punto de difícil equilibrio entre los socios del Ejecutivo de María Chivite, que tiene algunos temas importantes pendientes de resolver. Es el caso del desarrollo del modelo D en la zona no vascófona -el asunto de Mendigorria sigue sin solución-, pero sobre todo el de la baremación del euskera en el acceso al empleo público. El gran elemento de discusión interna este último año, y el que puede determinar el futuro de la legislatura.
Las últimas convocatorias de empleo público en la zona mixta, en las que se ha puntuado el inglés o el alemán, pero nada el euskera, han encendido las alarmas en la comunidad euskaldun, que lo considera una discriminación inaceptable. Las voces críticas, que de momento se mantienen en un segundo plano, irán en aumento si no se resuelve pronto el limbo normativo creado hace más de un año con la anulación de varios artículos del decreto que regulaba el euskera en la Administración.
Pero las posiciones no son fácil de compatibilizar en un asunto tan sensible, y que afecta a las expectativas laborales de mucha gente. El PSN, que participó oficialmente en la manifestación convocada la legislatura pasada contra la política lingüística de quienes hoy son sus socios de Gobierno, ve con recelo la baremación del euskera, sobre todo en la zona no vascófona. Y no se trata solo de un cálculo electoral. Ha sido precisamente UGT, en ocasiones de la mano de destacados dirigentes socialistas, quien históricamente ha interpuesto los principales recursos contra la baremación del euskera, incluido el último decreto.
Chocan así dos visiones difícilmente reconciliables. La de quienes priorizan el derecho del ciudadano a la atención pública en una de las dos lenguas propias de Navarra, y la de quienes consideran que puntuar o requerir euskera para puestos en los que el idioma no es indispensable supone discriminar a quien no lo conoce. Aunque esa misma reflexión no sea extensible a otros idiomas o titulaciones que no tienen que ver con el puesto.
Estas diferencias han venido dilatando la solución al vacío normativo que ha dejado la anulación del decreto, y que el Departamento de Función Pública no tiene prisa por resolver. Por ahora, ni PSN ni Geroa Bai parecen dispuestos a polemizar públicamente sobre este asunto. Tampoco EH Bildu, que lo ha dejado fuera de un acuerdo presupuestario en el que se ha soslayado la política lingüística. La gestión de la pandemia, con sus duras consecuencias sociales y económicas, sigue priorizando la acción del bloque progresista que facilitó la investidura de María Chivite, que por ahora apuesta por consolidar la nueva mayoría parlamentaria y evitar debates incómodos que puedan generar inestabilidad al Gobierno.
Es sin embargo una cuestión de calado que antes o después habrá que abordar, y que la lógica política invita a no dejar enquistar hasta el final de la legislatura, cuando las urgencias electorales se impongan al pragmatismo. Porque no cabe duda de que la mayoría parlamentaria, o al menos los grupos que conforman el Gobierno, necesitan consensuar la política lingüística en toda su extensión si quieren dotar de recorrido a medio y largo plazo a su alianza institucional. Lo que abre además una oportunidad histórica para sacar de una vez por todas al euskera del debate político con un consenso amplio y transversal. Asentando una base sólida para la nueva mayoría social y política que hoy gobierna Navarra. Y eso exige cesiones importantes a todas las partes, sobre todo a quien más tiene que ganar.
Las voces críticas irán en aumento si no se resuelve pronto el limbo normativo creado tras la anulación del decreto del euskera
La mayoría de Gobierno necesita un consenso amplio y transversal en torno al euskera que aporte estabilidad a su alianza
