La ambigua redacción del artículo 68 de la Ley Foral del Gobierno y de su Presidenta, que forzó al consejero Manu Ayerdi a presentar su dimisión antes de que el Tribunal Supremo lo considerara investigado por la concesión de ayudas públicas a la empresa Davalor Salud, sigue provocando choques en el Parlamento de Navarra.

Como el que se vio este jueves entre la presidenta del Gobierno, María Chivite, y el coportavoz de Navarra Suma, Carlos Pérez-Nievas. La derecha, que trata de exprimir al máximo un episodio del que no ha sacado todo el rédito político que hubiese querido, volvió a intentar aprovechar la marcha de Ayerdi para salpicar a Chivite, a la que reprochó no haber actuado y haber tenido entre sus filas a un consejero señalado por la justicia, algo que “no ha pasado en 25 años de gobiernos de UPN”.

Una afirmación que no pasó por alto la presidenta, que recordó a Pérez-Nievas que “en el año 2012, el consejero de UPN Jesús Pejenaute dimitió acusado de blanqueo de capitales”, episodio que provocó una agria reacción en la bancada de la derecha, con Javier Esparza y el propio Pérez-Nievas tachando las declaraciones de la presidenta de falsas ya que “no se abrió ningún expediente judicial alrededor de Pejenaute”.

POSIBLE REFORMA

El episodio no deja de ser revelador de las ansias de la derecha por intentar desestabilizar al Gobierno con un capítulo cerrado del que ya no hay más que sacar. De hecho, casi llamó más la atención el celo de Pérez-Nievas a la hora de defender la honorabilidad de UPN, el partido que le echó del Gobierno en 2009 cuando los regionalistas compartían Ejecutivo con CDN, el partido en el que militaba Pérez-Nievas antes de recalar en los antiforalistas de Ciudadanos -hoy dentro del confortable barco de Navarra Suma-.

En cualquier caso, Chivite respondió a la génesis de la pregunta -la posible modificación de la ley- que considera “entendible” que se proponga una reforma de la misma, con el fin de clarificar mejor los términos y evitar situaciones como las vividas con el consejero Ayerdi. Esto es, la de una serie de lecturas confusas que en ningún momento aclararon la situación de quien al final optó por dimitir.

“Valoraremos mejorar la redacción, porque de la aplicación del artículo podemos encontrarnos con situaciones de desequilibrio que no son deseables”, adelantó la presidenta, que en ningún momento habló de derogar el artículo. “Hablamos de mejorar la redacción para garantizar el buen ejercicio del cargo público, y también para evitar situaciones que a todas luces pueden ser injustas y cuestionan la presunción de inocencia”.