- La CAV comienza a desatar el nudo de la convivencia y la memoria autocrítica. El órgano vasco de participación de las víctimas del terrorismo, que reúne a colectivos de distintas sensibilidades, ha dado el paso de reconocer que todas las violencias fueron injustas y nunca debieron producirse, ya fuera por parte de ETA o de los GAL, o en los espacios de “impunidad” que ha habido en el Estado, que también se denuncian expresamente y cuya realidad se pide no ocultar. Este avance en materia de convivencia, que se ha pactado con el Gobierno vasco y la asociación de municipios Eudel, se conoció ayer en vísperas del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

El Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, presidido por José Luis de la Cuesta, presentó ayer en sesión extraordinaria su documento, y lo hizo de la mano del lehendakari Urkullu tras meses de trabajo y dejando pelos en la gatera con cesiones por todas las partes. El documento tiene a sus espaldas un apoyo unánime.

El texto tiene el mérito de reunir a colectivos dispares, y es el resultado del debate mantenido entre 2017 y 2020. En este órgano participan colectivos como la AVT, Covite, la asociación de personas amenazadas por ETA Zaitu, la asociación de ertzainas y familiares de víctimas Aserfavite, o fundaciones vascas creadas en torno a una víctima concreta (como la Fundación Buesa), entre otras.

El texto señala a ETA como la principal causante de las violaciones del derecho a la vida en el pasado reciente, y recuerda que contó con un acompañamiento social por parte de determinados sectores, que aún no han condenado su actividad ni pedido perdón.

Pero el documento no se queda ahí, y rechaza la violencia de los GAL, el Batallón Vasco Español y grupos similares, que provocaron “gravísimos e injustos sufrimientos que no siempre han sido reconocidos o, en algunos casos, siquiera investigados”. “Rechazamos sin paliativos tanto la violencia ejercida por estas organizaciones, como las vulneraciones de derechos humanos producidas en situaciones de complicidad, impunidad, aquiescencia o pasividad de estamentos del Estado, recalca el Consejo de Víctimas, que se declara igualmente en contra de que se minimice, oculte o niegue esta realidad.

Urkullu remachó el mensaje en su discurso al reconocer a las víctimas de ETA, y al recalcar que “todas las víctimas, sin equiparaciones, sin exclusiones, tienen el derecho inalienable a la verdad”, y al reconocimiento, reparación y justicia. Añadió que los victimarios tienen también una responsabilidad: “reconocer la injusticia del daño causado”. “Es necesaria una reflexión crítica sobre el pasado en términos éticos, diciendo: fue injusto”, zanjó.