Saiz dice que autorizó el sobrepago a Audenasa por informes técnicos, pese a la oposición de Intervención

Durante una comparecencia en el Parlamento foral, Geroa Bai y Podemos, miembros del Ejecutivo de Chivite, han señalado las incongruencias del proceso, que cambió a raíz de un recurso de alzada presentado por Audenasa, y EH Bildu, socio presupuestario prioritario, ha instado a la consejera a rectificar lo que consideran que es un sobrepago que implica un quebranto de los intereses públicos del Gobierno y un beneficio para una empresa que está parcialmente privatizada.

Es un tema jurídicamente complejo, pero la polémica nace por lo siguiente. El Gobierno de Navarra abona cada año a Audenasa (participada a medias por el Ejecutivo y la empresa Itínere) una serie de millones en concepto de compensaciones para asumir con las arcas públicas los gastos que ocasionan los usuarios habituales de la vía. Es un mecanismo con el que el Gobierno pretende vertebrar el territorio y evitar que la AP-15, que va de Irurtzun a Tudela, se convierta en una especie de frontera que separe la Zona Media y Ribera de la Cuenca de Pamplona.

Lo que ocurre es que en 2020, y por las restricciones de movilidad derivadas de la covid, el tráfico cayó en picado. A la hora de pagar las compensaciones, que se fundamentan en un convenio en vigor desde 1999 y en base a una complicadísima fórmula matemática que emplea una serie de coeficientes, la Intervención del Gobierno consideró que no podía pagarse a la empresa la misma cantidad de dinero con un tercio menos del tráfico.

Entonces, elaboró una propuesta para que el Ejecutivo pagase 1,2 millones en lugar de los 6,2 que reclamaba la empresa. Audenasa recurrió la decisión y, tras un profundo debate jurídico en el que tomaron parte la delegada del Gobierno en Audenasa, la secretaría técnica del Ejecutivo y la Intervención General, el Gobierno decidió estimar el recurso de Audenasa y abonar los 6,2 millones que se reclamaban por los ejercicios de noviembre y desde que comenzó la pandemia. Algo que se ha interpretado como un sobrepago que no tenía sentido.

CRÍTICAS DE LOS SOCIOS

Es lo que le han afeado, de hecho, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, los grupos en los que se apoya el Ejecutivo para gobernar. El portavoz de Geroa Bai, Mikel Asian, ha apuntado que su formación no apoya a la consejera Saiz en la toma de esta decisión, que supone una contradicción con el criterio histórico de interpretación del convenio tal y como subrayó el Interventor en sus informes. "No se puede pagar unas deducciones por unos descuentos que no han existido", ha expuesto Asiain, quien cree que en toda esta operación "no hay motivación lógica ni jurídica". Y tan claro no estará el tema si el interventor, en sus informes, ha arrojado tantas dudas sobre la operación. "Hay que darle una importante vuelta a este acuerdo, una repensada", ha recomendado Asiain.

Un perfil más discreto ha mantenido Mikel Buil, portavoz de Podemos y miembro del Gobierno, pero que también denunció lo que, a su juicio, puede ser un "rescate" a una empresa. Puso el foco en el espíritu con el que nacieron las compensaciones: evitar perjuicios económicos para los viajeros, no para las cuentas de resultados de empresas privadas. "Esto es desvirtuar el convenio", ha considerado para hacer una última valoración. "Yo no me atrevo a decirles que rectifiquen, pero les recuerdo que ese convenio está hecho para compensar a la ciudadanía por una privatización, es para cohesionar el territorio, no para atender a una necesidad evidente de financiación de una empresa".

Y las críticas también llegaron por parte de EH Bildu, el partido que pidió la comparecencia de la consejera Saiz cuando conoció el sobrepago. "Imagínese qué cara de tontos se nos quedó cuando lo leímos, sobre todo porque días antes el Gobierno nos dijo que no había pasado nada, y resulta que había pasado todo", ha afeado Adolfo Araiz, que ha dicho que "esta no es forma de tratar a un socio presupuestario". No es un mensaje cualquiera. Supone un toque de atención por parte de la fuerza de oposición que, tanto en 2020 como en 2021, ha posibilitado al Gobierno sacar adelante sus Presupuestos. "Están a tiempo de rectificar, porque el interés general no es que la Hacienda pague esos 5 millones. No hay ningún apartado en el convenio en el que se diga que se debe pagar esa cantidad", ha subrayado Araiz, que cree que se debería haber actuado "de otra manera por parte del Gobierno", que ha preferido actuar más "como accionista de Audenasa" que como defensor del interés genral. "Se ha optado por una vía incorrecta, inadecuada, ajena al convenio, y no se han aplicado otras leyes", como la de Contratos, ha señalado, que hubiesen permitido otras alternativas.

Saiz se ha defendido con el hecho de que no solo existían los informes en contra de la Intervención para tomar la decisión, sino que en el debate sobre qué decisión tomar también intervinieron la delegada del Gobierno en Audenasa y el secretario general técnico, que en sendos informes avalaron la decisión que a la postre tomó el Gobierno. La consejera ha indicado que, en dichos informes, tanto la delegada como el secretario técnico subrayan que el propio convenio prevé que, en casos de bajada del tráfico, se aplique un coeficiente específico que es el que, en última instancia, ha fijado la cantidad a pagar. Es decir, que Saiz defendió que la decisión se ha tomado con arreglo al convenio y con el visto bueno de la delegada del Gobierno en Audenasa y el secretario técnico del departamento de Hacienda. "No estamos ni ante un rescate ni ante un reequilibrio, ni ante un sobrepago", ha puntualizado la consejera, que ha indicado que la empresa reclamaba la aplicación de otro coeficiente que sí hubiese supuesto un quebrando para las cuentas públicas.