mos un Gobierno común, solidario y mancomunado", proclamaba María Chivite el pasado viernes en un acto con un centenar de directores generales, a quienes animó a seguir trabajando estos dos años "pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones". Un mensaje inusual en una presidenta poco dada a la sobreactuación, pero que sirve para subrayar, más allá de las turbulencias del momento, una idea importante: Hay gobierno para rato.
Todo puede cambiar en unos meses, pero parece claro que no habrá adelanto electoral. Algo que nunca antes se ha dado en Navarra -hasta 2001 ni siquiera era factible-, y que podría ser una posibilidad el próximo año, una vez superada la pandemia y estabilizada la situación económica. Pero que la presidenta descarta con un mensaje que aleja el fantasma de la inestabilidad que irradia Madrid, foco de una bronca política permanente.
Las elecciones del próximo 4 de mayo han alterado todo el escenario político en un momento clave, con el proceso de vacunación en su punto álgido y una gestión de los fondos europeos necesitada de sosiego. Todo está condicionado por la política local madrileña. Incluso la prórroga del Estado de alarma, que hubiera generado un nuevo conflicto institucional en plena campaña.
El debate sobre los fondos europeos de esta semana en el Congreso ha sido un buen ejemplo de la parálisis que atenaza al país. Lo que debía haber sido una reflexión general sobre el proyecto de inversiones europeas, con sus prioridades, sus alternativas y su coste asociado, acabó siendo un acto electoral. Y que no hace sino evidenciar el lastre que la visión centralista del Estado que se impone desde Madrid supone para el resto del territorio.
Pero el mensaje de Chivite tenía también una clara lectura interna tras una semana en la que han vuelto a asomar las aristas en las que rozan los dos socios mayoritarios del Gobierno foral. Discrepancias públicas en algunos casos, más discretas en otros, que vuelven a poner a prueba el equilibrio de poder de una alianza con mimbres para gobernar durante muchos años, pero en la que todavía es evidente la desconfianza acumulada durante tantos años.
Al PSN no le han gustado las críticas de Geroa Bai al proceso de vacunación, que el Departamento de Salud gestiona de la mejor forma posible en un escenario condicionado por factores externos que se escapan a su control, como el numero de dosis disponible o la errática estrategia de la Agencia Europea del Medicamento. Tampoco ha sido del agrado socialistas que su socio se desmarque del acuerdo para financiar las pérdidas de Audenasa, una decisión cuestionada en el Parlamento, pero que fue avalada tanto por el Consejo de Gobierno como por el Consejo de Audenasa, en ambos casos con presencia de Geroa Bai.
A estos, en cambio, les desagrada la tendencia socialista a actuar de forma unilateral en el Ejecutivo, como si su apoyo se diera ya por descontado en cualquiera de las decisiones, por controvertida que sea. Incluida la doble cara en la política local, donde el PSN ha optado por buscar la centralidad a costa de sostener los gobiernos municipales de la derecha. O la poca firmeza con la que, a juicio de Geroa Bai, se afrontan las negociaciones con el Gobierno del PSOE en Madrid, con la actualización del Convenio y el reparto de los fondos europeos pendientes de concretar.
Discrepancias puntuales en cualquier caso que la coalición de Gobierno va gestionando sin más dificultades que la de hacer por la paz un Ave María, propiciando el cierre de filas siempre que resulta necesario. Y que salvo algunas cuestiones de fondo -que convendría solucionar antes de que lleguen las urgencias electorales- se está llevando con naturalidad suficiente como para garantizar al Gobierno la estabilidad imprescindible.
De hecho, todos los proyectos legislativos planteados hasta la fecha han contado con apoyo parlamentario. El ultimo ejemplo es el decreto que regula los trámites administrativos para la gestión de las ayudas europeas. Una normativa laxa que simplifica los controles y reduce al máximo los plazos para acelerar las inversiones, y que el Gobierno sacará adelante sin mayores complicaciones.
Lo hará una vez más con el apoyo de EH Bildu, con quien ya tiene el texto negociado. Pese diferencias puntuales -a la formación soberanista no le ha gustado que se le ocultara información sobre Audenasa- la interlocución es fluida y marca una senda clara para lo que resta de legislatura. La puesta en marcha del Instituto de Finanzas, todavía incipiente, evidencia una voluntad de colaboración parlamentaria de largo plazo, y que va más allá de las zozobras que puedan llegar desde Madrid por la tentación centrista del PSOE.
Una perspectiva que incluso la derecha asume ya con cierta resignación. Las propuestas de Navarra Suma para reformar el reglamento del Parlamento son, en ese sentido, especialmente reveladoras. Atrapada en su estrategia cortoplacista, la coalición de Esparza plantea reforzar las herramientas de control al Gobierno y restar peso a los grupos que lo apoyan. Medidas que pueden estar justificadas desde un punto de vista parlamentario, pero que solo entran en la lógica de quien tiene asumido que le quedan muchos años en la oposición.
La inestabilidad que irradia Madrid evidencia el lastre que supone la visión centralista del Estado
La reforma del reglamento que plantea Na+ solo entra en la lógica de quien prevé seguir en la oposición
