La defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha anunciado al magistrado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo que el contrato de alquiler de la casa en la que el exsocialista convivía con su familia en el centro de Madrid finalizará "en fechas próximas", por lo que está previsto que se realice "la mudanza de los enseres contenidos" en la misma la próxima semana.
En un escrito, recogido por Europa Press, los abogados comunican al instructor de la causa la citada mudanza "a los efectos que procedan y tenga por conveniente" el magistrado Leopoldo Puente.
El domicilio que va a abandonar su familia no era propiedad de Cerdán, según la declaración de bienes facilitada por el mismo, en la que el exsocialista reveló que tiene un único inmueble en propiedad, una casa adosada en su pueblo de Navarra, Milagro, que compró en 1995 y le costó 11 de millones de pesetas.
En el marco de la causa, el alto tribunal ha anunciado este mismo martes que el 22 de julio se celebrará una vista, a puerta cerrada, para estudiar el recurso presentado por la defensa de Cerdán, en la que pide al Supremo que le deje en libertad de forma "inmediata" al considerar que no hay "indicios suficientes" en su contra, declarándose víctima de una "causa general".
Cerdán se defiende
En su escrito, Cerdán acusó al instructor de adoptar una actitud "inquisitiva", "contra reo", deslizando asimismo que le habían encarcelado buscando "una confesión" al estilo del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
Además, cuestionó las grabaciones realizadas por el exasesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023, que constituyen uno de los principales indicios en su contra, al señalar a García como "un posible colaborador policial".
El magistrado sostiene, sin embargo, que hay "indicios bastantes" para considerar que Cerdán, junto al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, "en compañía y con el auxilio de terceros, podrían haber conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública".
