Todos los grupos parlamentario han coincidido este lunes en apoyar una iniciativa planteada por el Defensor del Pueblo para que la institución pueda proponer sanciones cuando las administraciones no atiendan sus requerimientos informativos.Para el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, el Defensor "es una herramienta útil" y en la mayoría de las ocasiones se responder a sus requerimientos "pero tampoco se puede permitir que nadie pretenda recortar la información", "otra cosa es lo que luego termine decidiendo cada entidad local" con respecto alas recomendaciones que se les hagan".

Para el socialista Ramón Alzórriz, se trataría de "multas coercitivas por no dar la información, no por no ejecutar lo que diga (el Defensor) porque lo suyo son recomendaciones", aunque no ha descartado la presentación de enmiendas a la proposición de ley a tiempo que ha aventurado que "más pronto que tarde se solucionará" la interinidad del actual defensor del Pueblo.

María Solana, de Geroa Bai, ha indicado que es una proposición de ley "oportuna" con un periodo ordinario de enmiendas para "hacer aportaciones" al "guante que lanzó de manera franca" el Defensor para favorecer las responsabilidades dado que debe disponer para su trabajo de información y de ahí que se podría llegar a la "amenaza coercitiva" porque "lo que no puede ser" es la falta de respuesta.

En este sentido, Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha recordado que los últimos informes del Defensor del Pueblo indican que la respuesta de las administraciones a sus peticiones de información "deja mucho que desear" y por eso "conferir la capacidad de poder sancionar a quienes hacen caso omiso puede ser un acicate y un impulso para que se tomen realmente en serio los derechos" de la ciudadanía.

Por Podemos, Mikel Buil ha señalado que el Defensor hizo su propuesta hace ya un año "y no le habíamos prestado atención" hasta el último informe, al tiempo que ha abogado por que la interinidad de este cargo termine "en esta legislatura".

Desde I-E, Marisa de Simón ha mostrado también su apoyo a la iniciativa porque la Administración "no puede quedar impune" cuando "no cumple con sus deberes", en este caso el de informar al Defensor del Pueblo y colaborar en sus peticiones.