El Govern decide a última hora avalar las fianzas al Tribunal de Cuentas

Recurrirá al ICF tras no encontrar ninguna entidad bancaria que se haga cargo del importe

22.07.2021 | 00:43
El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró. Foto: E.P.

pamplona – Finalmente el Govern avalará las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos de la Generalitat tras no encontrar ninguna entidad bancaria que se haga cargo de esta cuantía. Según el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, esto se debe a las declaraciones "muy subidas de tono de la derecha y la ultraderecha". El aval se realizará mediante el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), una entidad financiera pública, propiedad de la Generalitat, que tiene como misión impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido económico de Catalunya. Así lo anunció ayer el propio Giró en la sesión de control al Govern en el Parlament, el mismo día en que vencía el plazo para abonar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas.

De esta forma, Giró contradijo sus declaraciones del pasado martes, en las que precisamente descartaba recurrir al ICF para avalar las fianzas. Finalmente, tras reunirse con el president Pere Aragonés ayer por la mañana, cambió de parecer y tomó la decisión de hacer uso de dicho organismo. "He recibido llamadas de gente del ICF que me han pedido por favor que usemos la disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Es lo que haremos", subrayó. Asimismo, agradeció la "generosidad" de los trabajadores del ICF, aunque pidió tomar el anuncio "con toda la prudencia que recomienda la experiencia". De esta forma, el patrimonio personal de las personas investigadas estaría protegido en estos momentos. En caso de que finalmente, se dicte una sentencia firme y haya personas condenadas, deberán responder con su propio patrimonio.

El 6 de julio, el Govern aprobó por decreto la creación del Fondo Complementario de Riesgos para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los ex altos cargos del Ejecutivo catalán . Entre los afectados se encuentran el expresident Carles Puigdemont y varios miembros de su entonces gabinete –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa–, que se enfrentan a una petición total de 5,4 millones de euros por parte del órgano contable por los fondos destinados al referéndum y los gastos destinados a la acción exterior entre 2011 y 2017. El tribunal ya cifró en 4,1 millones de euros los fondos públicos presuntamente malversados para pagar los gastos de la consulta, una cantidad ya confiscada.

CLAMOR 'CIUDADANO' El vicesecretario general de Cs y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, consideró "absolutamente lamentable e ilegal" que el Ejecutivo catalán vaya a utilizar el ICF para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas, e indicó que estudiarán las responsabilidades legales en las que puede incurrir el presidente de dicho organismo.

Según Bal, "es impensable que la propia Administración autonómica pueda avalar el daño que unas personas han cometido contra ella misma", y se preguntó qué ocurrirá cuando esas personas resulten finalmente condenadas por el Tribunal de Cuentas, algo que da por hecho, ya que los indicios contra ellas son "clamorosos".

"¿El deudor y el acreedor del aval van a ser el mismo?, ¿Se va a hacer autopago la Generalitat de Cataluña del quebranto que ha sufrido su tesoro público como consecuencia de la actuación delictiva que ha sido objeto de condena por parte del Tribunal Supremo? Esto es un disparate absoluto", sentenció.

Por su parte, el líder de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, expresó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que le dió "vergüenza" ver cómo el conseller de Economía, Jaume Giró, "anunciaba gozoso que hay funcionarios del ICF dispuestos a jugarse el tipo para resolver las urgencias de supuestos oprimidos, como Artur Mas".

Termina el plazo para entregar las fianzas

Puigdemont recurre al TC

Plazo poco razonable. El ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, recurrió la decisión del Tribunal de Cuentas que rechazó ampliar el plazo fijado para ayer a los 34 excargos de la Generalitat que deberán abonar la fianza de 5,4 millones de euros. De esta forma, solicitó al órgano contable que reconsidere su postura y amplíe el plazo para la entrega de dichas cantidades. La defensa de Puigdemont señala en su escrito que no logra entender cómo los quince días dados para la presentación de las fianzas pueden ser considerados como un plazo razonable y suficiente para depositar la cantidad exigida directamente al ex president, que asciende a un total de 2.085.507,80 euros.

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