Se cumple esta semana 10 años del histórico tijeretazo del presupuesto aprobado por el Gobierno de Navarra. Con semblante serio y preocupado, el Ejecutivo en pleno compareció ante los medios aquel 28 de septiembre de 2011 para anunciar que el presupuesto de ese año vería mermada su capacidad de gasto en, nada más y nada menos, 327 millones.
"La situación económica nos obliga a hacer estos ajustes. Por eso pedimos compresión, apoyo y esfuerzo", proclamó aquel día su presidenta, Yolanda Barcina, entonces en coalición con el PSN, para justificar el recorte del 1,5% del presupuesto en Educación y del casi el 4% en Salud. No sería el último ajuste presupuestario de aquel ejercicio marcado por la crisis de la deuda pública y las exigencias de déficit impuestas por el Ministerio de Hacienda
Casualidades del destino, el mismo día en el que el recortazo se publicaba en el BON, solo que diez años después, los parlamentarios de Navarra Suma decidieron este miércoles acudir al Parlamento con el símbolo de las tijeras prohibidas, icono de la lucha contra los recortes durante la crisis económica anterior. En este caso, los representantes de UPN lo han hecho para denunciar los "recortes" en educación, a cuenta de la implantación de la jornada continua con extraescolares, lo que va a exigir más esfuerzo al personal docente. "Exigir más horas sin aumentar recursos se llama recortar", ha denunciado UPN, cuyos representantes han hecho suyo el símbolo tal habitual en las protestas contra el Gobierno de Yolanda Barcina.
Es la segunda vez en apenas una semana en que la derecha recurre a los eslóganes utilizados contra el Gobierno de Barcina para hacer oposición al Gobierno de Chivite. Recientemente lo ha hecho también con la recogida de firmas en varias localidades riberas para criticar la situación de la Atención Primaria y denunciar "el deterioro de la sanidad pública".
Resulta sin embargo llamativo escuchar a una de las responsables del Departamento de Salud en la legislatura de 2011 a 2015 hablar de la gravedad de la situación sanitaria en Navarra, cuando en aquellos años las listas de espera se duplicaron, se redujo el personal sanitario Y se privatizaron servicios básicos.
Es posible que las críticas al Gobierno estén justificadas. La pandemia ha mermado capacidad sanitaria, hay un claro déficit de recursos en la Atención Primaria y las escuelas están teniendo dificultades para afrontar esta compleja situación en las aulas. Pero también lo es que desde el inicio de la pandemia el gasto el Salud y en Educación ha crecido un 7,7% y un 10% respectivamente. Que la gestión de la crisis actual está siendo muy diferente a la de 2011 es un hecho objetivo.
Quizá no sea suficiente, y es muy posible que haya argumentos de sobra para criticar la gestión del Gobierno en algunos ámbitos. También para reclamar una mejora de los servicios públicos, y más en la coyuntura actual. El problema es que ese mensaje de defensa de los servicios públicos resulta difícilmente creíble en boca quien siempre hizo bandera de la austeridad presupuestaria. Y que todavía hoy sigue planteado rebajas de impuestos como solución a todos los problemas.
Pero sobre todo, y especialmente, si quienes reivindican hoy la defensa de los servicios públicos de calidad son las mismas personas que diseñaron, aprobaron y ejecutaron los recortes de hace diez años. La memoria es débil, pero no tanto.
