a pandemia no solo ha trastocado nuestra vida de arriba abajo. También ha alterado todos los plazos y prioridades de la política, hasta el punto de sumirla en paradojas como la de la Ley de Participación de Navarra, un texto que promueve la toma de decisiones compartida entre Gobierno y ciudadanía, y que paradójicamente se ha quedado sin participación.
La ley fue expuesta a aportaciones el 17 de febrero de 2020, por lo que le pilló de lleno todo el confinamiento con las fuerzas y las inquietudes puestas en lo urgente. Desde junio de 2020 el Gobierno asume que no ha avanzado todo lo que hubiera querido en el tema por culpa del coronavirus, pero asegura que está trabajando en la creación de un decreto y que habrá oportunidad para realizar un “potente y verdadero proceso de participación”.
La historia de la Ley de Participación es accidentada desde su puesta en marcha. Se aprobó en marzo de 2019, y al poco fue objeto de una negociación entre Navarra y el Estado para evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional. En un contexto en el que el problema catalán estaba en ebullición, la posibilidad de que un territorio convocara una consulta -daba igual para qué- le chirrió al Estado, con el que sin embargo se aclaró el tema antes de acudir a los tribunales. El acuerdo llegó en diciembre de 2019, y el 17 de febrero de 2020 se subió a la web para que la ciudadanía hiciera aportaciones. Llegó el virus y nadie hizo ninguna sugerencia.
El Gobierno, en respuesta a EH Bildu, da dos razones para que la ley esté parada. Primero, que las restricciones en las relaciones sociales “han podido afectar al proceso participativo”. Y, después, que “la unidad de participación ciudadana del Gobierno de Navarra trabajó intensamente para escuchar, dar voz y colaborar con la ciudadanía en la gestión de la pandemia”. Es decir, que todos los recursos se pusieron a trabajar contra el coronavirus.
Ahora el Gobierno trabaja en desarrollar el Consejo de Participación Infantil y Adolescente y regular el Consejo Navarro de Participación.
