Republicanismo

El aluvión normativo que llega

12.12.2021 | 00:11
El aluvión normativo que llega

El documento técnico consensuado hace un par de meses entre la Comisión Europea y el Gobierno de España llamado Disposiciones Operativas - Operational Arrangement establece los detalles para desarrollar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Entre otros asuntos concreta el calendario que deberá cumplirse para la aprobación de diversas leyes, como condición requerida para poder acceder al paquete de fondos por un valor máximo en el cuatrienio de cerca de 140.000 millones de euros. El documento es la consecuencia de los compromisos que asumió España cuando mandó a Bruselas el PRTR, que enfáticamente se quiso denominar aquí "España Puede". Para que en efecto se demuestre ese poderío, se deberá cumplir con un calendario que demuestre la ejecución efectiva del Plan, y si no se hace, no llegará el cheque comunitario. Sumando las actuaciones prometidas, implica la creación o modificación de hasta 60 leyes, de las que estarían todavía pendientes más de 40. Según el acuerdo con Bruselas, antes de finales de año el Gobierno tienen que tener aprobadas la reformas laboral y de las pensiones, las dos que más impacto contante y sonante tienen en los ciudadanos, porque afectan a su empleabilidad, salarios y pensiones. Una parte de la normativa sobre jubilación ya está en trámite parlamentario, pero queda para antes del mes de junio la relativa al nuevo sistema de cotización de los autónomos. Sobre la legislación laboral, la Comisión insiste en que quiere ver un texto aprobado antes de Nochevieja. Pero además de esto que nos entretiene por ahora, la previsión para los dos próximos años de nueva normativa es vertiginosa. El Ministerio de Asuntos Económicos tiene cuatro leyes en perspectiva: la llamada Crea y Crece, la de Empresas Emergentes o startups (que tendría vigencia a partir de finales de 2022), la reforma de la ley Concursal y la de Telecomunicaciones. El Ministerio de Hacienda deberá proponer normativas sobre subidas de impuestos medioambientales (que afectaría a los de circulación y matriculación de vehículos y a los sistemas con gases fluorados), junto con una previsible subida de los impuestos especiales a los hidrocarburos. Para el primer semestre de 2022 se espera también la aprobación de la ley de Comunicación Audiovisual, y para un año después la Ley del Cine. Sanidad ha previsto una nueva ley para los medicamentos, y otras reformas de su actual cuerpo legislativo básico. Para el tercer trimestre de 2022 se deberían aprobar también leyes sobre Vivienda, Calidad Arquitectónica y Entorno y Rehabilitación. También para el tercer trimestre de 2022 se prevé la aprobación de la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Para el cuarto trimestre de 2022 está prevista Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y para un año más adelante, la Ley de la Industria. También para el cuarto trimestre de 2022 se necesita la aprobación de la Ley de Ciberseguridad. La mayoría de ellas, huelga decirlo, inciden en competencias que son de las Comunidades Autónomas. Junto con las actuaciones de rango legislativo, hay que mandar a Bruselas pruebas de que se ponen en marcha diversos planes y estrategias, como las de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, la Ferroviaria, la asignación de la banda del espectro de 26 GHz, la digitalización del SEPE o la evaluación intermedia de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Tomen resuello. Es verdad que el calendario se puede considerar como aproximado, y el Gobierno dispone de cierto margen para organizar la actividad ejecutiva y legislativa. Pero el tiempo es limitado y es incuestionable es que estamos ente el mayor paquete de obligaciones regulatorias que ha conocido nuestra historia. Cualquier proyecto de ley requiere de un conjunto de trámites que tienden a alargar su progresión al menos durante 12 a 14 meses. Las Cortes, a su vez, tienen una limitada capacidad para tramitar proyectos, derivado de las exigencias de su Reglamento y de que la semana parlamentaria es de cuatro días. La Comisión Europea no entra en los contenidos de detalle de las normas, pero convocará reuniones trimestrales con el fin de evaluar el desarrollo de las acciones. Surgen al menos tres preguntas. Una, ontológica: ¿hemos sido condenados, sin darnos cuenta, a vivir más y más regulados cada día? Otra, pragmática: ¿se pueden hacer todas esas leyes con un mínimo de calidad, puesto que tiempo parece que no hay? Y, sobre todo, una política: ¿tiene el Gobierno capacidad para componer mayorías solventes para sacarlas adelante, o seguirá utilizando el mecanismo del zoco?

¿El Gobierno central tiene capacidad para sacar adelante toda esa regulación o va a seguir usando la técnica del zoco?

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