El ministro José Luis Escrivá se está convirtiendo en un problema de primer orden para mantener la confianza entre el PNV y el Gobierno español. El grupo jeltzale denuncia la manera en que reinterpreta los acuerdos alcanzados y retrasa su puesta en funcionamiento con problemas técnicos que surgen sobre la marcha y que, para el PNV, deberían haber quedado resueltos en el momento de la firma de los pactos. El diputado Iñigo Barandiaran, en una pregunta dirigida al propio ministro de la Seguridad Social en el Congreso de los Diputados, ha puesto sobre la mesa este miércoles que ha tenido conocimiento de varios casos en los que se ha denegado la cobertura del permiso para el cuidado de hijos con cáncer u otras enfermedades a partir de los 18 años, cuando el PNV había pactado con el ministerio en los Presupuestos que se ampliara hasta el momento en que los hijos tuvieran 23 años.
En su respuesta, Escrivá ha atribuido lo sucedido a un problema puntual y transitorio, porque hace falta una "corrección normativa" para pasar de un régimen a otro. Dijo que su compromiso es total, pero no concretó cuándo lo solucionará y añadió que no son "muchos casos". "Lo estamos intentando resolver pero, hacer de esto una categoría... No me lo esperaba", lanzó al PNV.
Esta respuesta y el argumento que ofreció en su momento para justificar el retraso de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital se parecen como dos gotas de agua: con la transferencia, tras pactarla con el PNV en 2020, defendió que era necesario un cambio legal para permitir que Lanbide gestionara de principio a fin el pago de esta prestación social, un problema que se ha resuelto con una mención en los Presupuestos estatales ahora vigentes.
LAS "ESPERANZAS" DE LAS FAMILIAS
Barandiaran aludió a los incumplimientos de Escrivá, pero no quiso poner el peso en las derivadas políticas del asunto, sino en la situación de desamparo que viven estas familias. El PNV encajó en los Presupuestos una enmienda que planteaba ampliar la prestación económica por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, para extender la prestación desde los 18 años actuales hasta los 23.
Según se calculó entonces, afectaba a unas 8.000 familias en todo el Estado, y su finalidad era compensar la caída de ingresos que sufren los cuidadores al tener que reducir su jornada laboral para acompañar a sus hijos en las largas estancias hospitalarias y poder asumir su cuidado en situaciones muy duras y complejas por el tratamiento que requieren estas dolencias. En ese momento se anunció, y así lo publicó este periódico, que la entrada en vigor iba a ser inmediata en cuanto se aprobaran los Presupuestos.
Barandiaran recordó que hace un mes alcanzó con su ministerio un acuerdo para que los progenitores pudieran "acceder a ese permiso no hasta los 18 años, sino hasta los 23". "Pero a muchos de esos progenitores se les ha denegado dicho permiso. Eso supone un incumplimiento de aquel acuerdo, y está suponiendo consecuencias dramáticas en esas familias", puso en evidencia, para preguntarle después por qué está sucediendo esto y qué piensa hacer para solucionarlo.
ESCRIVÁ ENSALZA EL ACUERDO PERO NO CONCRETA
Escrivá respondió poniendo "en valor" el acuerdo y añadiendo que, más allá del límite de edad, extendieron los permisos "a las familias monoparentales y los casos en que los chicos hayan contraído matrimonio". "Estamos hablando de más de 5.000 casos. Hay una cuestión que tiene que ver con una situación transitoria de un régimen a otro, que requiere una corrección normativa, pero el compromiso es absoluto", dijo.
Barandiaran se lamentó: "Volvemos a las mismas con usted. Siempre tenemos una interpretación técnica que nos sirve como barrera para el cumplimiento del acuerdo". Añadió que lo importante es evitar el "sufrimiento" y jugar con las esperanzas de estas personas, y recordó que, a nivel presupuestario, esta inversión es una minucia. Escrivá le contestó que no se trata de dinero, sino de "un problema de transición entre los regímenes".
