La Fiscalía atribuye a Juan Carlos I una fortuna oculta en un paraíso fiscal hasta 2004

Archiva el caso al no hallar rastro del emérito en las cuentas de Jersey en 17 años

08.02.2022 | 00:36
Juan Carlos, antes de su marcha a Abu Dabi, conversando con Felipe VI. Foto: Afp

pamplona – La Fiscalía constata que Juan Carlos I mantuvo una fortuna oculta en un paraíso fiscal hasta 2004 aunque propone el archivo de la investigación abierta a este respecto tras comprobar que no se halla rastro de actuaciones del emérito en esas cuentas de Jersey en los últimos 17 años. Los fiscales encargados del caso, liderados por el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, estiman en el borrador del informe que se propondrá a la fiscal general, Dolores Delgado, que desde 2004 "no existen indicios que permitan dirigir reproche penal" contra el padre de Felipe VI y apuntan que por lo tanto "procede acordar el archivo de las diligencias". Hasta 2014, por otra parte, el rey, a día de hoy aún en Abu Dabi, habría estado protegido por la prerrogativa de inviolabilidad, en su condición de jefe del Estado.

El borrador de la Fiscalía describe, no obstante, el origen del citado trust constituido en la isla de Jersey en 2004 por Joaquín Romero Maura, historiador y consejero de Juan Carlos de Borbón. Se remontan a mediados de los años noventa, con la fusión de los fondos procedentes de otros dos trust creados en 1995 y 1997 –Tartessus y Hereu– por iniciativa de Manuel de Prado y Colón de Carvajal, persona muy próxima al emérito y fallecida en 2009. Parte de los fondos originales procedía de donaciones que se le realizaron entre los años 50 y 70 del pasado siglo por parte de diferentes personas para apoyar el sostenimiento del entonces príncipe, en pleno franquismo. Según el relato del fiscal jefe Anticorrupción, ya en los años 90 "la finalidad de ambos trust era apoyar al entonces rey en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a éste como único beneficiario".

traspaso del 'trust' El emérito figuró como "único beneficiario" de estos dos trust hasta 2004, cuando decidió traspasar el dinero a Romero Maura: "La situación política en España era estable, el heredero, hoy rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones". La Fiscalía se refiere al caso KIO, el escándalo que marcó los 90 y en el que Prado y Colón de Carvajal fue condenado en 2004 a dos años de prisión por presunta apropiación de fondos que nunca aparecieron. Con esa trama de fondo, el emérito "decidió liquidar los trust y traspasar sus fondos a Romero Maura", quien pasó a llevar las riendas del nuevo trust creado en la isla de Jersey.

Desde entonces, la Fiscalía sostiene que el trust ha tenido "una baja actividad" y, tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014, las transferencias a terceros "han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna". Prado y Colón de Carvajal falleció hace 13 años y Romero Maura se encuentra ahora en un geriátrico de Zaragoza. El historiador todavía figura como beneficiario del trust de Jersey y ha decretado que, tras su muerte, los fondos pasen a su esposa y al British Refugee Council, "una organización caritativa fundada en 1951 y dedicada a ayudar a refugiados y personas que, huyendo de zonas de guerra, conflicto, violencia o persecución, buscan asilo en el Reino Unido". La Fiscalía entiende que no hay conexión entre Juan Carlos I y el trust, "ni en su gestión, ni en la capacidad para disponer de los fondos".

resto de investigaciones Por ello, no concurren indicios que permitan dirigir reproche penal contra el emérito y el fiscal resalta que por lo tanto "procede acordar" el archivo de las diligencias de la investigación. Quedan por saber los argumentos que llevarán al archivo también a las otras dos vías de investigación. Una de ellas es la relativa a los 80 millones de euros que, según la examante del rey emérito Corinna Larsen, se habrían repartido entre varios, incluido el emérito, por la adjudicación en 2011 del proyecto del AVE a La Meca a empresas españolas. Otra de las patas en estas diligencias eran los posibles delitos derivados del uso por del monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos y que tendría origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

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